Acabar con los pisos cárceles y mejorar la accesibilidad universal en los edificios de la ciudad de Sevilla para que ninguna persona tenga que permanecer enclaustrada en su vivienda por problemas de movilidad. Eso es lo que se proponen desde Izquierda Unida, Participa Sevilla y Podemos Sevilla con la moción sobre este tema que han trabajado conjuntamente y que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento hispalense.
Esta iniciativa incluye una batería de medidas concretas con las que estas formaciones políticas aspiran a “redoblar esfuerzos”, a nivel municipal, para poner fin al drama que sufren actualmente miles de sevillanos y sevillanas, al no poder salir de sus viviendas por carecer de ascensor u otros dispositivos que permitan el paso de una silla de ruedas.
En este sentido, tanto IU como Participa y Podemos demandan, entre otras cosas, la elaboración de un diagnóstico de los problemas de accesibilidad existentes en los edificios residenciales de Sevilla;la implantación de más ayudas municipales para la instalación de ascensores;el incremento de medios, competencias y personal en la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento; o la adopción de un enfoque integral para abordar esta cuestión, que incluya alternativas habitacionales para los casos más graves y urgentes de enclaustramiento de personas con dificultades de movilidad.
La moción elaborada por estas formaciones políticas se basa, en gran medida, en el informe El parque de viviendas sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad, presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz en el Parlamento en 2010, donde se decía que en el municipio de Sevilla hay un total de 16.346 edificios de 3 o más plantas con problemas de accesibilidad, de los que un total de 15.068 carecen de ascensor. Una situación que, además, afecta especialmente a mujeres con pocos recursos económicos.
Ante esta realidad, desde IU, Participa y Podemos se apuesta por realizar “nuevas convocatorias en las que se aumente sustancialmente el presupuesto destinado a las ayudas municipales para la instalación de ascensores y se alargue el plazo de presentación de solicitudes, estableciendo mecanismos que garanticen una proporcionalidad en la concesión de estas subvenciones en relación al género de la población afectada”.
Y es que, según los datos de este informe del Defensor del Pueblo, en torno al 9% de la población andaluza tiene alguna discapacidad, siendo el 65% mujeres y la mayor parte de ellas mayores de 65 años.
En 2017, solo se han presupuestado 190.000 euros en ayudas
Además, estas formaciones denuncian los escasos recursos que actualmente el Ayuntamiento de Sevilla destina a acabar con esta problemática que encierra en sus propias casa a miles de personas por toda la ciudad.
En cuanto a la convocatoria de subvenciones recientemente aprobada por el Consistorio para mejorar la accesibilidad y favorecer la instalación de ascensores en edificios residenciales, estiman quela dotación de 1.100.000 euros es una “cantidad importante, aunque a todas luces insuficiente para resolver el problema en toda su magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que esta cuantía sólo serviría para acometer medio centenar de intervenciones, y que en Sevilla existen 15.068 edificios de tres o más plantas que carecen de ascensor”.
Además, según advierten estas formaciones políticas, estos fondos se pretenden ejecutar a lo largo de varios ejercicios, contemplándose para 2017 tan sólo una partida de 190.000 euros. De ahí que consideren que el gobierno de Espadas (PSOE) “está generando unas falsas expectativas al vender a bombo y plantillo que este año se ha destinado más de un millón de euros para las ayudas a ascensores”.
El ejemplo de la Barriada de El Carmen
Igualmente, en la moción elevada al próximo Pleno se hace alusión a la Barriada de El Carmen (Macarena), donde una plataforma vecinal se ha organizado para realizar un censo de residentes con dificultades de accesibilidad en sus viviendas, habiéndose identificado a 103 personas con graves problemas de movilidad a las que resulta muy complicado salir de sus casas. Un número de casos que representaría algo más del 20% de los pisos de estos edificios (496 en total).
El trabajo desarrollado en El Carmen debería ser, a juicio de IU, Participa y Podemos,“una tarea municipal a extender a todos los barrios de la ciudad”. Por eso, reclaman la elaboración de un diagnóstico de los problemas de accesibilidad en los edificios de la capital, donde se incluya un inventario de viviendas que no cuentan con ascensor o presentan algún otro tipo de obstáculo (escalones) para el cumplimiento al que obliga la ley en esta materia, en base al cual llevar a cabo una planificación “integral” de las actuaciones a realizar.
Asimismo, estas tres formaciones exigen una “alternativa habitacional en vivienda pública para los casos más graves y urgentes de enclaustramiento de personas con dificultades de movilidad” y solicitan que EMVISESA reserve para este objetivo el 5% de sus pisos disponibles para los supuestos en que no sea posible aplicar otra solución.
Potenciar la Oficina de Accesibilidad municipal
Para realizar la actuación integral que estas organizaciones demandan, en la moción también se propone que la Oficina de Accesibilidad y los servicios sociales municipales se doten de los medios y personal necesarios para gestionar la problemática de los “pisos cárceles”.
En concreto, se plantea que la Oficina pase a encargarse de: asesorar técnica y jurídicamente a las comunidades de vecinos que sufran este problema; tramitar las ayudas que las distintas administraciones pudieran ofrecer para acometer estas reformas; y, por último, contratar en su caso la ejecución de las obras de manera conjunta en cada período para conseguir abaratar los costes para los vecinos y vecinas afectados.
Pero mientras llegan estas soluciones integrales, también exigen medidas transitorias para que quienes padecen estos problemas de accesibilidad “puedan salir de sus viviendas”. “Es totalmente incomprensible que miles de mujeres, en su mayoría, tengan que estar durante muchos años encerradas en sus propias casas por la falta de un ascensor”, denuncian desde estas tres organizaciones.
Por último, piden al gobierno de Espadas que intensifique la difusión sobre los derechos que tiene la ciudadanía afectada por esta situación, porque “la ley le ampara a la hora de reclamar una vivienda accesible”. Según estas organizaciones, el Ayuntamiento debe ser un agente activo para “concienciar y visibilizar” sobre este problema que actualmente imposibilita a miles de personas la entrada y salida de sus propias casas.
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