La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha calificado la aprobación en Consejo de Ministros del Ingreso Mínimo Vital como “un paso histórico para la distribución de la renta y para consolidar el Estado del Bienestar, por el que se crea un nuevo derecho social equiparable a las ayudas a la dependencia, a las pensiones o al acceso a la sanidad universal” y que “debemos implantar por salud democrática porque para hablar de igualdad y de ayudar a los más vulnerables, tenemos que contribuir con medidas concretas”.
“Los organismos internacionales insisten en que España es uno de los países de la OCDE con un mayor problema de pobreza severa y una peor distribución de la renta, y no podemos permitir continuar con esos calificativos si nos consideramos un país avanzando, un país europeo”, ha indicado Sandra García, que ha explicado que “para luchar contra un problema estructural de pobreza necesitamos una herramienta permanente en nuestro sistema que reduzca la pobreza y fomente la inclusión social”.
Respecto a cómo arbitrar la medida, la delegada ha resaltado que “si importante es crear un nuevo derecho, también lo es arbitrar los medios para ponerlo en práctica”, de ahí que para la puesta en práctica del IMV se hayan previsto, por un lado, convenios con los ayuntamientos y, por otro lado, una ventanilla única en la Seguridad Social “para que los posibles beneficiarios tengan medios ágiles y llegue lo antes posible a quienes más lo necesitan”.
Es la primera vez que en España se pone en marcha una medida de esta naturaleza, diseñada aprovechado experiencias similares en otros países para hacer que realmente ayude a quienes realmente más dificultades tienen. El IMV beneficiará a 850.000 familias (la mitad de ellas disponen de menos de 310 €/mes), esto supone 2,3 millones de personas en España, con especial atención a los hogares con hijos, ya que más del 30% de los beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias.
Sandra García ha destacado además el rendimiento económico y social que tendrá esta medida, “pues si el coste anual para el Estado será de 3.000 millones de euros, esta cantidad irá directamente a reactivar nuestra economía, pues los hogares destinarán el IMV al consumo de necesidades básicas (alimentos, ropa, etc), lo que repercutir en el comercio local y, por tanto, en el empleo de pymes y
autónomos.
”Con idea de que los hogares más necesitados puedan contar con esta prestación lo antes posibles, el IMV se activará de forma inmediata tras su aprobación y será
compatible con otros ingresos económicos, como los laborales”, pues, según ha explicado Sandra García, “de esta forma no desincentivamos la búsqueda de empleo y que cuando algún miembro de la familia encuentra un empleo, no deberá perder el 100% del ingreso mínimo”.
La delegada del Gobierno ha recordado que éste es un paso más de los compromisos adquiridos por el presidente Pedro Sánchez en su discurso de investidura, donde se comprometió a trabajar y poner en marcha las herramientas que fuesen necesarias para que ésta fuese la legislatura de la igualdad. “Vamos a
trabajar para erradicar la pobreza, la pobreza infantil, la pobreza energética, revitalizar nuestros sistemas de protección y reconstruir nuestro Estado del Bienestar, donde ningún colectivo de nuestra sociedad quede atrás”, ha concluido.
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