La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establecerá nuevas ayudas a promotores y compradores para que en Andalucía sea posible adquirir una vivienda protegida d
e calidad de 70 metros cuadrados con una hipoteca desde 250 euros mensuales. Se garantizará así, por primera vez, que el endeudamiento de una familia en este capítulo no supere un tercio de sus ingresos totales, siempre que se adecue a los requisitos de renta exigidos.
Esta es una de las principales novedades que recoge el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que supondrá la construcción de 132.000 viviendas protegidas (92.400 para venta y 39.600 para alquiler) y la rehabilitación de 135.000, con una inversión pública y privada de más de 12.000 millones de euros. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, lo ha definido como el plan de vivienda "más ambicioso" de cuantos se han desarrollado en Andalucía y ha destacado la importancia que tendrá en la recuperación del sector de la construcción y de la econmomía andaluza en general. El plan incluirá medidas innovadoras que facilitarán el acceso a una vivienda digna de amplios sectores de la sociedad, especialmente jóvenes y familias de rentas bajas.
El documento, que será próximamente aprobado en el Consejo de Gobierno, ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en un acto en el que han participado el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero; y los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de UGT-A, Manuel Pastrana. Con su desarrollo comenzarán a aplicarse las previsiones del Pacto Andaluz por la Vivienda firmado por el Gobierno autonómico, estas organizaciones, las corporaciones locales y diversas entidades financieras, con el objetivo de construir en los próximos diez años 700.000 viviendas (300.000 protegidas).
"Ambicioso"
Durante la presentación del documento, Chaves lo calificó como "el plan de vivienda más ambicioso de cuantos se han desarrollado en Andalucía", destacando que es el primero que se fija como principal objetivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada que, además, no comprometa su nivel de endeudamiento. "Ello significa dar una solución real a colectivos como los mileuristas que, hasta el momento, sólo podían acceder a una vivienda asumiendo niveles de endeudamiento demasiado elevados", señaló.
En esta línea, recalcó como objetivos fundamentales que el plan tuviera una vertiente social, "para cumplir con lo recogido en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, facilitando el acceso a la vivienda a buena parte de la población que se estaba encontrando con muchas dificultades"; y que tuviera una segunda vertiente económica, "convirtiéndose en un importante instrumento de reactivación de un sector como el de la construcción, estratégico para Andalucía por el volumen económico y de empleo que genera", apuntó.
Precisamente, Chaves dio importancia al momento en que nace este plan coincidiendo con el "fuerte ajuste" que vive el sector de la construcción, al que aportará "certidumbre y confianza", según dijo. "Supone una apuesta decidida del Gobierno andaluz, que se une a otras medidas de reactivación económica aprobadas recientemente, y que en este caso va dirigida hacia un sector muy importante para nuestra comunidad. Así lo han visto y lo han sabido valorar los agentes económicos y sociales con los que se ha concertado, y así espero que pueda ser visto desde otros ámbitos de la sociedad", señaló.
El mandatario andaluz destacó que la experiencia de anteriores planes "nos indica que, una vez aprobados, se crean las condiciones para que pueda empezar a producirse una reactivación del sector al conocerse las nuevas reglas del juego y la apuesta de la Administración por la vivienda protegida. Si así ha ocurrido en el pasado, ahora sucederá con mayor razón aún". Asismimo, destacó que el plan generará tres euros de inversión privada por cada euro público y que debe fomentar la creación de miles de empleos en el sector de la construcción.
El presidente de la Junta resaltó como otro de los objetivos del documento el hecho de "que fuera de todos", es decir, que fuera un proyecto "concertado". En esta línea, hizo un reconocimiento a la fórmula de la concertación que ha sido la herramienta utilizada en la elaboración de este plan, "una fórmula que ha demostrado que funciona y que es el mejor instrumento para fijar objetivos, aunar esfuerzos y movilizar voluntades e intereses; para alcanzar retos y dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos, señaló, al tiempo que agradeció a sindicatos y empresarios el esfuerzo de los últimos meses en la negociación del plan.
Chaves avanzó que el plan se irá "enriqueciendo" con nuevas aportaciones de las corporaciones locales y colectivos sociales como asociaciones de consumidores, vecinos y amas de casa. En este punto, concedió gran importancia a la participación de los ayuntamientos y se fijó como objetivo fundamental "la colaboración con la Administración Local desde el respeto absoluto a las competencias municipales y apostando de manera clara por el diálogo y el consenso".
"Estamos convencidos de que en materias como la vivienda, el urbanismo y el desarrollo territorial es fundamental el concurso y la colaboración de todos los agentes y administraciones" señaló Chaves, quien concluyó sus palabras resaltando que se trata "del plan con mayor calado social de cuantos de este tipo se han aprobado en España".
Objetivos El Plan Concertado de Vivienda y Suelo plantea tres grandes objetivos: aumentar el acceso a la vivienda en régimen de compra o alquiler; asegurar la disponibilidad de suelo urbanizado para ello y rehabilitar el parque de inmuebles protegidos existente.
De las 132.000 viviendas previstas dentro del primero de estos capítulos, 100.000 se construirán a lo largo de la presente legislatura y casi la tercera parte de ellas (39.600) se destinará a fomento del alquiler. El aspecto común más innovador es el objetivo de que el gasto de las familias beneficiadas no supere un tercio de sus ingresos en el caso de compra o una cuarta parte si se trata de alquiler. De este modo, se ofrecerá la posibilidad de adquirir una vivienda de 70 metros cuadrados a partir de 250 euros mensuales, mientras que la hipoteca más elevada para un inmueble similar apenas podrá superar el tope de 700 euros en los municipios más caros de Andalucía y en los supuestos de mayores niveles de renta (hasta 5,5 veces el IPREM).
Carácter social En líneas generales, las ayudas previstas permitirán garantizar que todas las familias andaluzas con ingresos inferiores a 38.000 euros brutos anuales obtengan una solución a sus necesidades de vivienda.
De acuerdo con el marcado carácter social del plan, estas ayudas ganan en cuantía y diversidad conforme más baja es la renta de los beneficiarios. En la misma línea, se establece que en las reservas de suelo para viviendas protegidas que deben realizar los ayuntamientos se destine al menos un 25% de las mismas para las rentas más bajas en cada promoción. También se otorgará un especial tratamiento a las viviendas para personas con riesgo de exclusión social, que serán desarrolladas por promotores públicos.
Respecto a los jóvenes, además de los incentivos que ya se vienen aplicando, el plan incorpora una nueva ayuda adicional de 1.200 euros para gastos de adquisición de primera vivienda. Asimismo, la Junta impulsará la figura de la vivienda protegida en alquiler con opción a compra, que se podrá ejercer a partir del séptimo año.
El segundo bloque de medidas recogido en el plan se dirige a desarrollar, hasta diciembre de 2012, un total de 135.000 proyectos de rehabilitación de viviendas con una antigüedad superior a los diez años, con ayudas que pueden alcanzar los 30.000 euros por obra (un 30% más que las actuales).
Finalmente, en el capítulo de suelo, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establecerá ayudas para fomentar la urbanización, la construcción de viviendas protegidas en terrenos urbanizados o en proceso de urbanización, y la ampliación del patrimonio de los ayuntamientos. Los promotores también podrán acceder a préstamos cualificados y ayudas que pueden llegar a los 3.000 euros por vivienda protegida.
evilla) las instalaciones del Centro Andaluz de Integración Laboral Planificada (Cailu), en el que trabajan mujeres con discapacidad, en muchos casos originada por una violencia de género.
