La página digital de Canal Sur afirma que en la comparecencia de Javier Arenas (PP) ante la comisión de investigación de los ERE y en la que el grupo popular declinó hacer
preguntas, Arenas ha defendido la legalidad de las ayudas extraordinarias
concedidas por el gobierno del PP a los ERE presentados por empresas de la Faja
Pirítica y ha señalado que el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio
Viera dijo que el "problema estaba en las pólizas".
"Zoido -Juan Ignacio
Zoido, que fue delegado del Gobierno en Andalucía durante el período
investigado- y el Gobierno de España no tienen nada que ver con las pólizas", ha
aseverado Arenas, quien ha dejado claro que las ayudas estatales a esos ERE eran
"correctas y el problema está en la póliza y, a lo mejor, en la 1096 que no se
sabe si es consecuencia o no de un ERE", aunque no dio más detalles.
Ante el requerimiento del representante del PSOE Jesús María Ruiz
García, suscribió las palabras del presidente del PP andaluz, Juan Ignacio
Zoido, que compareció ayer en calidad de delegado del gobierno en Andalucía en
la etapa analizada, y ha asegurado que dijo la "verdad", es decir, que no había
ningún intruso (persona que no había trabajado en la empresa) en los ERE de la
Faja Pirítica.
También quiso dejar claro que como ministro de
administraciones públicas no tenía competencias en este asunto y nunca se abordó
en el Consejo de Ministros, así como que nunca dio instrucciones a Zoido cuando
era delegado del Gobierno en Andalucía referida a asuntos laborales ni hubo
presiones partidistas.
Sin embargo, el socialista ha apuntado la
posibilidad de que Zoido presionara a la inspección de Trabajo para modificar
los coeficientes que permitieron incluir como mineros a personas que trabajaban
en la mina en labores de limpieza y de administración y se llamara a dos
testigos para que dieran fe de ello.
Arenas ha contestado que la
inspección de Trabajo depende funcionalmente de la Junta y orgánicamente del
Ministerio, y ha remachado que el comportamiento de Zoido y Zaplana -Eduardo
Zaplana, que era en esa época ministro de Trabajo del PP- fue "impecable y con
respeto absoluto a los técnicos".
Además, ha alegado que el exministro
de Trabajo Valeriano Gómez ha dicho en el Congreso que la intervención del
Ministerio en la Faja Pirítica fue "estricta, rigurosa y con todos los
controles".
El diputado socialista le preguntó los motivos por los que
el Ministerio de Trabajo no publicó las ayudas concedidas a la Faja Pirítica, y
respondió que no se está obligado por una orden de 1995, que precisamente se
elaboró en la etapa al frente del ministerio de Trabajo de José Antonio Griñán,
ha recordado.
"El gato está en si publican los listados de las
aseguradoras y las pólizas", ha insistido Arenas.
El representante
socialista le mostró una fotografía de una reunión de Zoido con representantes
sindicales de la Faja Pirítica para preguntar: "¿La presencia de Zoido para
amañar un procedimiento no implica responsabilidad política de él y de usted?, y
Arenas le respondió que esa foto no la vio pero la relativizó al decir que "ha
visto multitud de fotos" de reuniones similares.
"Si usted habla de
elucubración y amañamiento, digáselo a los jueces", le ha espetado Arenas al
representante del PSOE, quien también ha sacado a colación el nombre de Manuel
Blanco, un funcionario expedientado por "sustraer documentos que usó" el
exsecretario general del PP-A Antonio Sanz y que el PP nombró gerente de
Mercasevilla.
También ha expuesto el caso de Cristina Ruiz, que iba en
las listas del PP por Córdoba y su padre está imputado como intruso en un ERE, y
en este sentido Arenas le recordó que no es militante del PP y que renunció
cuando el partido supo su relación con el caso.
La representante de IU
Alba Doblás requirió a Arenas una explicación sobre la operación para valorar el
"agujero en 1.500 millones" y le pidió que no se adelante a la justicia y que no
ponga bajo a sospecha a miles de trabajadores que tienen derecho a cobras las
pólizas de los ERE.
Arenas explicó que la cifra corresponde a los fondos
del programa 31L ( ayudas a empresas en crisis) entre 2001 y 2010, que superó
los 1.400 millones, y ha admitido que hay "muchos beneficiarios de buena fe".
En su primera intervención, destacó que ha quedado claro que los
informes de la Intervención que alertaban de irregularidades llegaron a las "más
altas instancias de la Junta" y que "hay un antes y un después en la comisión"
marcado por la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y
2010, Manuel Gómez, y, por ello, se ha mostrado convencido de que el
expresidente andaluz Manuel Chaves y el presidente, José Antonio Griñán, son los
que "tienen las respuestas" a las preguntas para esclarecer el caso.
Finaliza la información de Canal Sur afirmando que como broche final ha abogado por un "acuerdo para defender la decencia
de la vida pública" y confió en que la comisión parlamentaria sirva para depurar
responsabilidades políticas, para recuperar el dinero y para cambiar la ley de
la Hacienda andaluza para que no se vuelven a repetir casos como este.