En declaraciones realizadas esta mañana, el Secretario General Antonio Jesús Ruíz y la Secretaria Nacional de Políticas Sectoriales y candidata a las europeas por Córdoba, Lola De Toro han denunciado que las 840 plazas de monitores/as escolares despedios/as por la Junta de Andalucía, están siendo ofertadas a través del Servicio Andaluz de Empleo requiriendo a los optantes la titulación de Técnicos Superiores en administración y Finanzas y actividades Socioculturales, para que con tal categoría profesional de monitores, desarrollen funciones muy inferiores a su preparación y que implican responsabilidades de puestos de trabajo que en absoluto les competen asumir.
Estas contrataciones, dice el P.A., se manifiestan desde su inicio en fraude de Ley, puesto que siendo las funciones de tales monitores/as escolares, a tenor del Anexo I del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía, las de atender al alumnado en el transporte escolar, realizar tareas de apoyo administrativo, atender las bibliotecas o vigilar a los alumnos en los comedores escolares, siempre bajo la dirección de los cargos directivos del centro, no pudiendo en ningún caso realizar tareas docentes, la Junta de Andalucía, al ocupar con los contratados los puestos de los/as 840 despedidos/as, les pondrá a realizar idénticas funciones que aquéllos venían obligados a desempeñar, tales como la limpieza del menaje de cocina o la vigilancia y control de las puertas de acceso al centro educativo, ante la ausencia del portero, asumiendo serias responsabilidades sobre el alumnado que no le corresponden.
Esta situación, dice el P.A., provocará que las personas que resulten finalmente contratadas, al percatarse de habérseles exigido una preparación que no se corresponde con los trabajos a desempeñar, estén perfectamente legitimadas para demandar exigiendo la extinción indemnizada de sus contratos de trabajo por darles una ocupación efectiva que irá en claro detrimento de su formación profesional, o lo que es más grave, que puedan ser despedidos disciplinariamente por negarse a asumir funciones y responsabilidades de puestos laborales que son ajenos a ese para el que fueron contratados.
Por su parte, y en lo tocante a los/as monitores/as despedidos, y a la oferta que la Junta les está haciendo de poder acreditar “la próxima vez” su experiencia laboral con unos Certificados de profesionalidad que les ofrecen, dice el Partido Andalucista que La Junta de Andalucía pretende sustituir los puestos de trabajo de monitores administrativos fijos o las indemnizaciones por despidos de los mismos, con certificados de profesionalidad como churros que, aunque los vendan como la solución al problema, no servirán más que para parar las protestas.
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