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La misma fuentes informativa añade que según el auto, los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal por lo que se ha decidido incoar diligencias previas".
Un grupo de siete empresas suministradores de la obra de la promoción Isbylia, en Sevilla, formada por 583 viviendas, presentaron una denuncia penal por un presunto delito continuado de estafa, contra el presidente de la CEA, Santiago Herrero, varios dirigentes de la CEA y los responsables de la empresa Dolmen, entre ellos Juan Manuel Sanz.
En la denuncia, según esta fuente de la Cadena SER, estos empresarios aseguran que los denunciados, a los que piden que se les tenga por imputados, actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA, Dolmen Consulting.
Termina este medio informativo afirmando que en la denuncia, estos empresarios aseguran que les adeudan 591.643,69 euros, por lo que pide que se constituya fianza por ese importe "para garantizar las responsabilidades civiles derivadas el delito" y demandan que "si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes".
Un grupo de siete empresas suministradores de la obra de la promoción Isbylia, en Sevilla, formada por 583 viviendas, presentaron una denuncia penal por un presunto delito continuado de estafa, contra el presidente de la CEA, Santiago Herrero, varios dirigentes de la CEA y los responsables de la empresa Dolmen, entre ellos Juan Manuel Sanz.
En la denuncia, según esta fuente de la Cadena SER, estos empresarios aseguran que los denunciados, a los que piden que se les tenga por imputados, actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA, Dolmen Consulting.
Termina este medio informativo afirmando que en la denuncia, estos empresarios aseguran que les adeudan 591.643,69 euros, por lo que pide que se constituya fianza por ese importe "para garantizar las responsabilidades civiles derivadas el delito" y demandan que "si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes".
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