* En la reunión han participado representantes de la Fiscalía especializada en Criminalidad Informática, del Consejo General del Poder Judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral
* Rafael Pérez ha destacado “la prevención y la concienciación ciudadana” como claves en la lucha contra la cibercriminalidad
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha destacado este miércoles la importancia clave de la prevención para combatir la cibercriminalidad, y ha pedido a las administraciones impulsar “todas las acciones necesarias para logra una ciudadanía informada y prevenida acerca de los riesgos asociados a su actividad digital”.
Pérez ha presidido en el Ministerio del Interior la reunión de la comisión de seguimiento del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, en la que han participado representantes de la Fiscalía especializada en Criminalidad Informática, del Consejo General del Poder Judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), así como de las policías autonómicas (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral).
En esa línea de concienciación ciudadana, el secretario de Estado ha informado a los miembros de la comisión de la campaña de comunicación pública lanzada por el Ministerio del Interior el pasado 8 de febrero, que pretende alertar a la ciudadanía sobre las amenazas de las ciberestafas, que se han incrementado un 443 por ciento desde 2015.
“Las organizaciones criminales han convertido el mundo digital en campo de actuación en el que despliegan originales modus operandi que nos obligan a todos, a la sociedad y a sus Fuerzas de Seguridad, a desplegar nuevos mecanismos de prevención y persecución”, ha advertido Pérez durante su intervención.
Además de la faceta preventiva, el secretario de Estado ha apostado “por el refuerzo de las capacidades operativas en materia de lucha contra la cibercriminalidad”, que ha permitido duplicar en cuatro años los especialistas de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en unidades centrales y periféricas especializadas en ciberseguridad.
En la reunión, la segunda que se celebra desde la aprobación del Plan Estratégico, Rafael Pérez ha dado cuenta a los miembros de la comisión del incremento del 500 por cien de la dotación presupuestaria destinada al plan, y ha informado también de las nuevas funciones asumidas por la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad, como Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial y como Observatorio de la Cibercriminalidad.
DOS AÑOS DEL PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD
El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad se aprobó el marzo de 2021 con el objetivo de mejorar las capacidades de los distintos órganos del Ministerio del Interior para detectar, prevenir y perseguir la ciberdelincuencia y generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz que garantizar la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.
El plan, diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad, pone el foco en la prevención; en la cooperación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos; en la dotación de capacidades suficientes y adecuadas para articular respuestas adaptadas a las diferentes modalidades delictivas; en la colaboración con la industria y los operadores relevantes en materia de ciberseguridad en el sector público y privado; y en el respeto escrupuloso a la libertad, a la privacidad y demás derechos fundamentales.
Para la consecución de sus objetivos, el plan contempla cuarenta y nueve líneas de acción concretas que se articulan en torno a seis ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.
“Las organizaciones criminales han convertido el mundo digital en campo de actuación en el que despliegan originales modus operandi que nos obligan a todos, a la sociedad y a sus Fuerzas de Seguridad, a desplegar nuevos mecanismos de prevención y persecución”, ha advertido Pérez durante su intervención.
Además de la faceta preventiva, el secretario de Estado ha apostado “por el refuerzo de las capacidades operativas en materia de lucha contra la cibercriminalidad”, que ha permitido duplicar en cuatro años los especialistas de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en unidades centrales y periféricas especializadas en ciberseguridad.
En la reunión, la segunda que se celebra desde la aprobación del Plan Estratégico, Rafael Pérez ha dado cuenta a los miembros de la comisión del incremento del 500 por cien de la dotación presupuestaria destinada al plan, y ha informado también de las nuevas funciones asumidas por la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad, como Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial y como Observatorio de la Cibercriminalidad.
DOS AÑOS DEL PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA CIBERCRIMINALIDAD
El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad se aprobó el marzo de 2021 con el objetivo de mejorar las capacidades de los distintos órganos del Ministerio del Interior para detectar, prevenir y perseguir la ciberdelincuencia y generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz que garantizar la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.
El plan, diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad, pone el foco en la prevención; en la cooperación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos; en la dotación de capacidades suficientes y adecuadas para articular respuestas adaptadas a las diferentes modalidades delictivas; en la colaboración con la industria y los operadores relevantes en materia de ciberseguridad en el sector público y privado; y en el respeto escrupuloso a la libertad, a la privacidad y demás derechos fundamentales.
Para la consecución de sus objetivos, el plan contempla cuarenta y nueve líneas de acción concretas que se articulan en torno a seis ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.
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