El Grupo de diputados provinciales de IU llevará al próximo Pleno de la Diputación una propuesta en la que se solicita exigir el pago inmediato de las subvenciones concedidas en 2017 que a fecha de hoy se encuentran pendiente de pago; actualizar de manera inmediata las transferencias correspondientes al servicio de dependencia municipal y autonómico; y dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el pleno provincial celebrado el mes de octubre de 2016.
En dicha moción se explica que los múltiples obstáculos que desde el Gobierno Central se están imponiendo a la administración local hace imprescindible que en la provincia de Sevilla nos esforcemos por mantener a los ayuntamientos en el centro de la agenda política como institución pública más próxima a los ciudadanos y garantizar y reforzar a través de la coordinación normativa y presupuestaria de esta Diputación Provincial las medidas destinadas a la reactivación del empleo y las políticas ciudadanas.
En este sentido, la Diputación Provincial de Sevilla como garante de la lealtad institucional y valedora de su supremacía económica está en la obligación de facilitar el desarrollo de las políticas locales a las que se compromete a través de sus Presupuestos Generales, adecuando los tiempos a las necesidades locales y evitando los innumerables problemas a los que actualmente se están enfrentando los responsables locales por asumir responsabilidades innecesarias frente a los reparos de los interventores.
Un argumentario con el que en octubre de 2016 el Pleno de la Diputación aprobó, con los votos del partido socialista, "Publicar y resolver dentro del primer semestre del ejercicio en vigor las convocatorias de subvenciones previstas en los Planes Estratégicos".
Sin embargo, ni en el año 2017 ni en 2018 se ha dado cumplimiento a dicho acuerdo. Y lo cierto es que la situación de los ayuntamientos sevillanos no ha mejorado de forma tan notable como para no reivindicar nuevamente a esta institución provincial como "garante de la lealtad institucional y valedora de su supremacía económica que está en la obligación de facilitar el desarrollo de las políticas locales a las que se compromete a través de sus Presupuestos Generales, adecuando los tiempos a las necesidades locales".
IU recuerda que en el ejercicio 2017, la mayoría de las subvenciones se concedieron entre el día 19 y 26 de diciembre. Al finalizar el ejercicio, la diputación tenía pendiente de pago a los ayuntamientos 4.2 millones de euros y 9.5 millones de euros sin ejecutar, exclusivamente de programas que desarrollan los Ayuntamientos con fondos propios a la espera de que la institución provincial tenga a bien hacer efectivas las subvenciones.
En 2018 la situación ha empeorado notablemente. Aún no se han liquidado la totalidad de los programas del año anterior, 77 municipios están sin convenio de Servicios Sociales, ni un solo convenio de bomberos, se han publicado dos convocatorias de subvenciones de las 12 pendientes, etc.
Por todo ello y a juicio de este Grupo de Diputados, esta presidencia parece no conocer la realidad a la cada día se enfrentan los alcaldes y alcaldesas de la provincia, cuando por atender las necesidades de los vecinos, se enfrentan a los reparos de la intervención, consecuencia éstos de la pésima gestión que esta diputación viene haciendo de la competencia que el articulo 36.1.b) le otorga la Ley de Bases del Régimen Local.
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