La consejera ha destacado que, frente a los 5,5 millones euros que la Junta destinó en 2013, en esta ocasión la cifra sube a los casi seis millones de euros: "Estas ayudas van dirigidas a la atención de las necesidades más básicas de los y las menores de aquellas familias que se encuentran en situación de dificultad, por lo que no podemos mirar para otro lado", ha dicho Sánchez Rubio.
La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado el trabajo realizado por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.
Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2013 se beneficiaron de estas ayudas un total de 13.008 familias y 24.924 menores, "por lo que esperamos que este año podamos atender a más personas que se encuentren en una mala situación económica provocada por la crisis, ya que hemos aumentado la dotación presupuestaria con medio millón de euros más", ha señalado Sánchez Rubio.
En la provincia de Sevilla, en 2013, se beneficiaron de este programa de ayudas un total de 2.826 familias y 5.157 menores.
Ayudas temporales, dinerarias o en especie
Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar en las mismas circunstancias.
La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación
Esta misma semana ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la relación de ayuntamientos que se han adherido al Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación, que apuesta por el empleo como fórmula de lucha contra la exclusión, y que cuenta con 40 millones de euros de presupuesto. Gracias a este plan, el 99,2% de los ayuntamientos solicitantes podrán realizar contratos a alrededor de 25.000 personas. En Sevilla participan sus 105 municipios, que se repartirán 8,8 millones y se prevé contratar a casi 5.500 personas.
Este plan de contratación es una de las medidas contempladas por el Decreto de Inclusión, que beneficiará a más de 160.000 personas. Este decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en junio, destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen ocho millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas suman cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social. (Fuente: JA).
La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado el trabajo realizado por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.
Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2013 se beneficiaron de estas ayudas un total de 13.008 familias y 24.924 menores, "por lo que esperamos que este año podamos atender a más personas que se encuentren en una mala situación económica provocada por la crisis, ya que hemos aumentado la dotación presupuestaria con medio millón de euros más", ha señalado Sánchez Rubio.
En la provincia de Sevilla, en 2013, se beneficiaron de este programa de ayudas un total de 2.826 familias y 5.157 menores.
Ayudas temporales, dinerarias o en especie
Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar en las mismas circunstancias.
La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación
Esta misma semana ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la relación de ayuntamientos que se han adherido al Plan Extraordinario de Ayuda a la Contratación, que apuesta por el empleo como fórmula de lucha contra la exclusión, y que cuenta con 40 millones de euros de presupuesto. Gracias a este plan, el 99,2% de los ayuntamientos solicitantes podrán realizar contratos a alrededor de 25.000 personas. En Sevilla participan sus 105 municipios, que se repartirán 8,8 millones y se prevé contratar a casi 5.500 personas.
Este plan de contratación es una de las medidas contempladas por el Decreto de Inclusión, que beneficiará a más de 160.000 personas. Este decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en junio, destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen ocho millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el decreto de exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares. En total, con estas cuatro medidas suman cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social. (Fuente: JA).
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