El Gobierno municipal cumple su compromiso de transparencia y entrega a la jueza inmediatamente la auditoría sobre Mercasevilla
* El Gobierno negociará los 9 millones de euros del ERE con la Junta de Andalucía para cumplir los compromisos con los trabajadores y equilibrar las cuentas de Mercasevilla
El Gobierno municipal, cumple su compromiso de transparencia y en el momento en que ha llegado la auditoría encargada a Deloitte sobre Mercasevilla ha sido entregada por la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño a la jueza de instrucción del juzgado nº 6 que investiga el caso.
Hay que recordar que fue el Gobierno de la ciudad quien encargó esta auditoría para conocer la situación exacta de la empresa municipal y que dicha iniciativa no contó con el respaldo del PP.
Con respecto a la auditoría, el consejero delegado de Mercasevilla, Alfonso Mir, ha mostrado en el Consejo de Administración, ha afirmado con rotundidad que “todas las decisiones que se tomaron en Mercasevilla contaron con el aval de los informes técnicos y jurídicos pertinentes e incluso con la aprobación de auditorías anuales llevadas a cabo por la prestigiosa firma Price Waterhouse, a la que habrá que pedir las explicaciones oportunas si existen anomalías en las cuentas de estos últimos años que no fueron detectadas”.
Mir ha explicado que con el objetivo de equilibrar las cuentas, tras el balance de la auditoría, desde el Ayuntamiento de Sevilla se van a negociar los nueve millones de euros del ERE con la Junta de Andalucía “para cumplir los compromisos con los trabajadores que adquirió el Consejo de Administración de Mercasevilla en 2003 y que apoyaron todos los partidos políticos”.
Mir recalca que “si hubo engaño, ocultación de datos o falseamiento de cuentas, fuimos engañados todos los partidos políticos presentes en el Consejo de Administración: PSOE, PP, IU y PA”.
El consejero delegado ha querido recordar que “Mercasevilla ha sido siempre espacio para el consenso político de todos los grupos”.
Al mismo tiempo, desde el Gobierno local, “criticamos la hipocresía del PP que ha apoyado e incluso felicitado en numerosas ocasiones tanto en los órganos de decisión como en el Pleno del Ayuntamiento, al Gobierno local por la gestión en Mercasevilla y que ahora no duda en utilizar este asunto como arma política, sin importarle ensuciar ni el buen nombre de la ciudad, ni el de una empresa pública como es Mercasevilla, ni el de los puestos de trabajo generados”.
Según Mir, la jueza ya tiene en sus manos la auditoría encargada por el Gobierno local de Sevilla y “será en el ámbito judicial donde se diriman, si existen, las responsabilidades pertinentes”.
Por esa razón, “hemos tomado la iniciativa” y tanto la empresa Mercasevilla, como el PSOE, han presentado sendas personaciones en la causa: “queremos saber la verdad”.
El Gobierno confía en la Justicia y en su imparcialidad para depurar responsabilidades. Todos los partidos políticos actuaron confiados en la legalidad de los procedimientos, de los criterios técnicos y en la buena fe de quienes elaboraron estos criterios. Nuestro Estado de Derecho exige velar por la presunción de inocencia o demostrar con hechos, con pruebas fehacientes, lo contrario. Esperamos que la jueza revisará este documento con el único objetivo de hallar la verdad y no perseguir delitos inexistentes.
* El Gobierno negociará los 9 millones de euros del ERE con la Junta de Andalucía para cumplir los compromisos con los trabajadores y equilibrar las cuentas de Mercasevilla
El Gobierno municipal, cumple su compromiso de transparencia y en el momento en que ha llegado la auditoría encargada a Deloitte sobre Mercasevilla ha sido entregada por la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño a la jueza de instrucción del juzgado nº 6 que investiga el caso.
Hay que recordar que fue el Gobierno de la ciudad quien encargó esta auditoría para conocer la situación exacta de la empresa municipal y que dicha iniciativa no contó con el respaldo del PP.
Con respecto a la auditoría, el consejero delegado de Mercasevilla, Alfonso Mir, ha mostrado en el Consejo de Administración, ha afirmado con rotundidad que “todas las decisiones que se tomaron en Mercasevilla contaron con el aval de los informes técnicos y jurídicos pertinentes e incluso con la aprobación de auditorías anuales llevadas a cabo por la prestigiosa firma Price Waterhouse, a la que habrá que pedir las explicaciones oportunas si existen anomalías en las cuentas de estos últimos años que no fueron detectadas”.
Mir ha explicado que con el objetivo de equilibrar las cuentas, tras el balance de la auditoría, desde el Ayuntamiento de Sevilla se van a negociar los nueve millones de euros del ERE con la Junta de Andalucía “para cumplir los compromisos con los trabajadores que adquirió el Consejo de Administración de Mercasevilla en 2003 y que apoyaron todos los partidos políticos”.
Mir recalca que “si hubo engaño, ocultación de datos o falseamiento de cuentas, fuimos engañados todos los partidos políticos presentes en el Consejo de Administración: PSOE, PP, IU y PA”.
El consejero delegado ha querido recordar que “Mercasevilla ha sido siempre espacio para el consenso político de todos los grupos”.
Al mismo tiempo, desde el Gobierno local, “criticamos la hipocresía del PP que ha apoyado e incluso felicitado en numerosas ocasiones tanto en los órganos de decisión como en el Pleno del Ayuntamiento, al Gobierno local por la gestión en Mercasevilla y que ahora no duda en utilizar este asunto como arma política, sin importarle ensuciar ni el buen nombre de la ciudad, ni el de una empresa pública como es Mercasevilla, ni el de los puestos de trabajo generados”.
Según Mir, la jueza ya tiene en sus manos la auditoría encargada por el Gobierno local de Sevilla y “será en el ámbito judicial donde se diriman, si existen, las responsabilidades pertinentes”.
Por esa razón, “hemos tomado la iniciativa” y tanto la empresa Mercasevilla, como el PSOE, han presentado sendas personaciones en la causa: “queremos saber la verdad”.
El Gobierno confía en la Justicia y en su imparcialidad para depurar responsabilidades. Todos los partidos políticos actuaron confiados en la legalidad de los procedimientos, de los criterios técnicos y en la buena fe de quienes elaboraron estos criterios. Nuestro Estado de Derecho exige velar por la presunción de inocencia o demostrar con hechos, con pruebas fehacientes, lo contrario. Esperamos que la jueza revisará este documento con el único objetivo de hallar la verdad y no perseguir delitos inexistentes.
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