enio de cooperación tecnológica, que incluye la aplicación del sistema 'Lexnet' en toda la Administración de Justicia en Andalucía. La aplicación está siendo igualmente trasladada a las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas.Gracias a este acuerdo, los órganos judiciales con sede en Andalucía podrán disponer a partir de ahora del sistema informático 'Lexnet', un medio de transmisión seguro de información que permite presentar escritos y documentos, trasladar copias y realizar actos de comunicación por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, mediante el uso de firma electrónica reconocida. Además, añade las características de autenticidad, integridad y no repudio, así como, mediante los mecanismos técnicos adecuados, las de confidencialidad y sellado de tiempo.
El sistema informático ha sido desarrollado por el Ministerio de Justicia en colaboración con los colectivos profesionales usuarios del sistema (procuradores, abogados y graduados sociales), y se han incorporado gradualmente al sistema otros colectivos como la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, así como registradores de la propiedad, notarios y letrados de la Seguridad Social, entre otros.
Nuevo registro judicial
Por otra parte, y durante este mismo acto que ha tenido lugar en la Casa Rosa --sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía--, el ministro de Justicia ha presentado a nivel nacional el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de febrero y que desde ahora está operativo en todos los juzgados y tribunales de lo Penal de España.
El nuevo registro, cuyo acceso será compartido con el actual Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición, que permitan al juez valorar la existencia de riesgo de fuga, en la resolución en la que decida sobre la prisión o libertad provisional del imputado.
Aunque no está concebido como registro específico de agresores sexuales, su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia que se produce en estos tipos delictivos. Una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas, proporcionando tanto a los juzgados y tribunales como a la policía judicial nuevos elementos de conocimiento.
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