* Entre los objetivos previstos para esta legislatura, el Departamento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, el Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas y el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio
* Ha continuado la ampliación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta superar en julio los 154.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, rozando el máximo histórico
* Interior ha dirigido el dispositivo de seguridad para la Cumbre de la OTAN en Madrid, el mayor de la historia reciente de España, y coordina, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Operación Paso del Estrecho
La concesión de la protección temporal a los ciudadanos ucranianos que han abandonado su país por la invasión rusa, ha sido una de las principales actuaciones que han marcado la actividad del Ministerio del Interior durante el primer semestre de 2022.
El Departamento, a través de la Oficina de Asilo y Refugio y de la Policía Nacional, activó el pasado 9 de marzo el procedimiento de urgencia que ha permitido la tramitación y concesión de más de 133.000 solicitudes en 70 comisarías y en cuatro centros de recepción y acogida habilitados en toda España.
Todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TRIENAL
Durante este semestre, el ministerio ha desarrollado una intensa labor en el ámbito de la planificación, con la aprobación de planes estratégicos para los próximos años. En enero, presentó el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es abordar de manera multidisciplinar e integral este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad.
En marzo salió adelante el Primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024), un plan pionero en Europa que pretende incrementar las capacidades de prevención e investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguir mejorando los protocolos de actuación para ofrecer una respuesta más eficaz a las desapariciones.
El plan presta especial atención a dos colectivos vulnerables: el de los menores tutelados, para determinar las causas de las ausencias y conocer los motivos de las reincidencias; y el de personas con algún deterioro cognitivo, con el fin de prevenir y elaborar planes de búsqueda específicos, en los que se cuente con más medidas tecnológicas para la prevención, investigación y resolución de casos.
En el marco de la lucha contra los delitos de odio, el Departamento aprobó también en marzo el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, un paquete integral con ochenta y seis medidas concretas para prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva, entre ellas la creación de grupos específicos de lucha contra los delitos de odio dentro de las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE GRANDES DISPOSITIVOS
En el ámbito de la seguridad, el Ministerio lanzó en marzo el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que prolonga durante este año y el 2023 su vigencia y amplía su ámbito territorial de aplicación a las provincias de Granada, Almería y Sevilla, que se suman a las de Cádiz, Málaga y Huelva, en las que ya venía aplicándose.
Además, el Departamento ha dirigido en este primer semestre dos grandes dispositivos, que han requerido un amplio despliegue de efectivos y la coordinación de distintas instituciones y organismos. Cerca de 16.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizan desde el pasado 15 de junio la 33ª Operación Paso del Estrecho para gestionar el tránsito de los ciudadanos de origen magrebí entre la península y el norte de África, que ya han superado el millón de personas. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, coordina el Plan Especial en el que intervienen más de 22.000 profesionales.
Casi 9.000 agentes participaron también en la Operación Eirene, el mayor dispositivo de seguridad de la historia reciente de España, organizado para garantizar la protección de la Cumbre de la OTAN en Madrid, durante los días 29 y 30 de junio, que reunió en la capital de España a cincuenta jefes de Estado y de Gobierno.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2030 Y RECURSOS HUMANOS
Cumpliendo con los objetivos globales de la Agenda 2030, el Ministerio aprobó en junio la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, un documento que pretender convertirse en marco nacional de referencia en la política de seguridad vial con el fin de reducir a la mitad para el año 2030 el número de muertes y lesionados graves causadas por siniestros de tráfico.
En el ámbito de los recursos humanos, Interior ha elevado la tasa de reposición de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el 125 por ciento para revertir el proceso de reducción de plantillas que se había producido en anteriores legislaturas. En mayo, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de 4.992 plazas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y como consecuencia de las convocatorias anteriores las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil superaron en julio los 154.500 efectivos, la mayor cifra de los últimos diez años, rozando el máximo histórico alcanzado en 2011.
El Departamento ha impulsado también propuestas en el ámbito legislativo. El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley sobre precursores de explosivos, una norma que regula la comercialización y el uso de sustancias químicas legales, pero que pueden utilizarse para la fabricación casera de artefactos explosivos con los que cometer diferentes actos delictivos.
En abril, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.
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