* El Ejecutivo andaluz reclama al Ministerio de Hacienda una propuesta completa del nuevo sistema y urge un fondo transitorio
La Junta de Andalucía considera que el planteamiento que ha trasladado el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la reforma del modelo de financiación autonómica es "insuficiente y parcial", ya que se limita a analizar el concepto de población ajustada sin dar a conocer la propuesta completa del nuevo modelo, lo que impide a Andalucía saber cómo quedaría en el nuevo reparto que debe solucionar la infrafinanciación que arrastra la comunidad andaluza con el actual sistema y que se traduce en un déficit de recursos de 800 millones anuales de media en términos de habitante ajustado, ha informado el Ejecutivo andaluz.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las consideraciones que Andalucía ha realizado al Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada remitido por el Ministerio de Hacienda al conjunto de las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre, entre las que señala la necesidad de que el Gobierno dote "a la mayor brevedad" un fondo transitorio para las autonomías infrafinanciadas, entre ellas la andaluza, a la espera de que se acuerde un nuevo sistema de financiación.
El Gobierno andaluz defiende en su respuesta la posición avalada por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, en su sesión del 9 de marzo de 2018, en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica.
Desde Andalucía se apuesta por trabajar para conseguir un consenso que aglutine a todas las comunidades autónomas, al Estado y a las principales fuerzas políticas y que permita avanzar de manera multilateral hacia un nuevo modelo que garantice una financiación suficiente para el conjunto de las competencias y los servicios públicos que prestan las CCAA de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Y, para ello, señala que el debate debería producirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de manera bilateral.
El Gobierno andaluz, a través del análisis realizado por el equipo de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, considera que la población ajustada "es un elemento esencial para determinar la distribución del Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales" que prestan las comunidades autónomas, un fondo que actúa como mecanismo de nivelación con el fin de garantizar que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos por habitante para este tipo de servicios. Sin embargo, señala que antes de entrar a analizar el concepto de población ajustada y los criterios tenidos en cuenta para su modificación, se debe conocer la foto final de la reforma del sistema de financiación autonómica, por lo que reclama al Gobierno central que presente una "propuesta completa y no parcial" del futuro sistema.
En todo caso, el informe precisa que no debe perderse de vista que el punto de partida del concepto de población ajustada es la población de derecho, por lo que el resultado final de este indicador "no debería provocar una distorsión importante respecto a la población de derecho que reside en una comunidad autónoma".
Asimismo --informa finalmente la Junta de Andalucía--, considera que el documento aportado por el Ministerio genera incertidumbre porque no aclara si la población ajustada es un criterio más de reparto dentro de una estructura de varios fondos como ocurre en el actual sistema, o por el contrario va a ser el único criterio atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente.
Además de remitir el informe a los grupos con representación en el Parlamento andaluz, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha solicitado a petición propia comparecer en el Parlamento para informar sobre las consideraciones que ha trasladado Andalucía al Ministerio de Hacienda y Función Pública. (Foto: JA).
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las consideraciones que Andalucía ha realizado al Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada remitido por el Ministerio de Hacienda al conjunto de las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre, entre las que señala la necesidad de que el Gobierno dote "a la mayor brevedad" un fondo transitorio para las autonomías infrafinanciadas, entre ellas la andaluza, a la espera de que se acuerde un nuevo sistema de financiación.
El Gobierno andaluz defiende en su respuesta la posición avalada por el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, en su sesión del 9 de marzo de 2018, en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a financiación autonómica.
Desde Andalucía se apuesta por trabajar para conseguir un consenso que aglutine a todas las comunidades autónomas, al Estado y a las principales fuerzas políticas y que permita avanzar de manera multilateral hacia un nuevo modelo que garantice una financiación suficiente para el conjunto de las competencias y los servicios públicos que prestan las CCAA de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal. Y, para ello, señala que el debate debería producirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de manera bilateral.
El Gobierno andaluz, a través del análisis realizado por el equipo de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, considera que la población ajustada "es un elemento esencial para determinar la distribución del Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales" que prestan las comunidades autónomas, un fondo que actúa como mecanismo de nivelación con el fin de garantizar que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos por habitante para este tipo de servicios. Sin embargo, señala que antes de entrar a analizar el concepto de población ajustada y los criterios tenidos en cuenta para su modificación, se debe conocer la foto final de la reforma del sistema de financiación autonómica, por lo que reclama al Gobierno central que presente una "propuesta completa y no parcial" del futuro sistema.
En todo caso, el informe precisa que no debe perderse de vista que el punto de partida del concepto de población ajustada es la población de derecho, por lo que el resultado final de este indicador "no debería provocar una distorsión importante respecto a la población de derecho que reside en una comunidad autónoma".
Asimismo --informa finalmente la Junta de Andalucía--, considera que el documento aportado por el Ministerio genera incertidumbre porque no aclara si la población ajustada es un criterio más de reparto dentro de una estructura de varios fondos como ocurre en el actual sistema, o por el contrario va a ser el único criterio atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente.
Además de remitir el informe a los grupos con representación en el Parlamento andaluz, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha solicitado a petición propia comparecer en el Parlamento para informar sobre las consideraciones que ha trasladado Andalucía al Ministerio de Hacienda y Función Pública. (Foto: JA).
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