La propuesta de Juan Espadas, que viene avalada por distintos ayuntamientos y empresas públicas y concesionarias de transporte público urbano, recoge que el transporte público factura alrededor de 4.700 millones de euros y mantiene más de 41.600 puestos de trabajo. En estos momentos, hay un reparto desequilibrado, de forma que Madrid y Barcelona cuentan con un régimen con una mayor aportación estatal, y el resto de ciudades tienen mucha más dependencia de los recursos limitados de los ayuntamientos.
“Es un marco de financiación injusto y que no permite resolver los problemas existentes en el transporte público de muchos ayuntamientos”, señaló el alcalde de Sevilla, quien destacó la necesidad de contar con más posibilidades para mejorar los servicios y aumentar las inversiones, que en estos momentos se realizan con recursos propios municipales exclusivamente en ciudades como Sevilla.
Los objetivos de estas inversiones son prioritariamente una renovación de la flota de autobuses demasiado antigua en muchas ciudades y su adaptación a sistemas no contaminantes, como el gas natural en el caso de Sevilla; la mejora de las instalaciones y la incorporación de nuevos servicios al pasajero, así como el fomento de la intermodalidad.
La propuesta pasa por establecer un nuevo marco para la financiación estable y garantizada de los servicios de transporte público de las ciudades a través de aportaciones directas del Estado, una línea estable de recursos de los ayuntamientos o fondos finalistas que se puedan destinar a las inversiones que se realicen en mejoras del transporte público. (Foto: RCCE).
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