La Agencia Tributaria ha actuado con contundencia ante los fallos de seguridad y ha subsanado ya las carencias del contrato 2013 que motivan el expediente de la Agencia de Protección de Datos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Agencia Tributaria, está analizando la notificación de apertura del procedimiento por parte de la Agencia de Protección de Datos, que se produce tras un análisis en el que “han colaborado de forma activa los servicios municipales con el objetivo de aclarar el origen de los fallos de seguridad y tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a producirse”, según explicó el delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo.
Así, en la propia comunicación se constata la colaboración activa de la Agencia Tributaria con la Agencia de Protección de Datos durante sus inspecciones así como todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento una vez detectados los fallos informáticos que tienen su origen en situaciones anteriores a la actual Corporación municipal. De hecho, el gobierno de la ciudad subsanó los fallos “de forma inmediata”, abrió expedientes informativos a la empresa adjudicataria del servicio y adoptó las medidas oportunas para evitar que se repitieran esta tipo de situaciones aprobando, entre otras actuaciones, una completa auditoría de seguridad de la página web del Ayuntamiento, de la Agencia Tributaria y del ICAS.
En cuanto a los motivos de la apertura del procedimiento de declaración de infracción, los motivos se circunscriben principalmente una falta de adecuación de los pliegos de adjudicación y del contrato firmado posteriormente con la empresa Tecnocom en el año 2013 a la Ley de Protección de Datos. “Cuando detectamos estas carencias en el contrato, nos pusimos inmediatamente a trabajar para subsanarlas y de hecho ya se han resuelto. En cualquier caso, en 2017 cuando se licite el nuevo contrato se incorporarán todas las exigencias de la Ley de Protección de Datos como no se hizo en 2013”, explicó Joaquín Castillo.
La comunicación de la Agencia de Protección de Datos confirma además que los dos fallos informáticos tienen su origen en medidas adoptadas en los años 2014 y 2015. Así, el primer problema de seguridad derivó de un cambio en la autenticación del acceso a los datos realizado el 8 de marzo de 2015 mientras que el segundo se remonta a agosto de 2014. “Este gobierno ha actuado asumiendo con rigor, seriedad y transparencia, asumiendo la gravedad de los hechos, aunque afortunadamente de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por los servicios municipales, por la empresa adjudicataria y por la propia Agencia de Protección de Datos la incidencia y el alcance de estos fallos han sido mínimos”, concluyó Castillo.