El PCA de Sevilla celebra el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática

* Eva Oliva sostiene que esta norma “supondrá un antes y un después en la lucha por la dignificación de las víctimas del franquismo”

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Sevilla ha calificado este miércoles de “buena noticia” el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, en la que se establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista en la comunidad, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
La secretaria de Memoria en el PCA de Sevilla y a la sazón concejala de IU en el Ayuntamiento de la capital hispalense, Eva Oliva, ha celebrado el “paso importante que hoy empezamos a dar” con el arranque del debate parlamentario de una norma que, según ha dicho, “supondrá un antes y un después en la lucha por la dignificación de las víctimas del franquismo”.
Al hilo de esto, Oliva ha puesto en valor el gran trabajo realizado por Izquierda Unida para que este “necesario proyecto de ley” vea la luz, ya que el texto que hoy empieza a debatirse es fruto de un amplio proceso participativo impulsado por esta fuerza política, cuando estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía, y cuenta con el respaldo de las asociaciones memorialistas de la comunidad autónoma.
“Por fin va a haber una ley con el sello de los foros por la memoria, de IU y del Partido Comunista, que llevan mucho tiempo luchando por el objetivo de la verdad, la justicia y la reparación”, ha señalado la dirigente comunista.
Igualmente, el PCA se felicita también de que PSOE y Podemos vayan a apoyar la Ley andaluza de la Memoria Democrática. No obstante, Oliva advierte de que su partido estará “vigilante” y denunciará con contundencia cualquier intento por “desvirtuar el contenido y el espíritu” de esta norma mediante la introducción de enmiendas en el debate parlamentario.
Desde el PCA de Sevilla se destaca el hecho de que esta ley fijará por primera vez un límite de tiempo para que los ayuntamientos eliminen cualquier vestigio del franquismo existente en edificios públicos y en inmuebles sufragados con el erario público, lo que incluye la simbología en iglesias o en el callejero de ciudades y pueblos.