Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar a un periodista

A lo largo de estos últimos meses, han sido varias las ofertas de trabajo lanzadas por las administraciones públicas para cubrir puestos en gabinetes de prensa o comunicación con el perfil claro de un periodista. En noviembre pasado, fue la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz quien convocaba una plaza para personal eventual a cubrir por el sistema de libre designación, para un “técnico de comunicación y documentación”; hace unos días, era la Autoridad Portuaria de Huelva quien publicaba las bases para la contratación de una plaza para la jefatura de su Unidad de Gabinete de Prensa.
En ambos casos, la descripción de las actividades o funciones así como la formación complementaria o la experiencia en el área funcional de la comunicación o la prensa formaban parte de los elementos valorables; pero la licenciatura o el grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual no figuraban como requisito de titulación, a pesar de que se exigía una licenciatura o grado superior universitario.
Etimológicamente hablando, el término “periodismo”, entre otras acepciones, se define como estudios o carrera de periodista; y “carrera” como el conjunto de estudios, generalmente universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión que exige una formación académica previa. En este sentido, la titulación universitaria en periodismo debe entenderse como aquella que habilita desde el punto de vista de las cualificaciones para el ejercicio del periodismo.
Cabe igualmente recordar que las titulaciones en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, –las que permiten la colegiación según la Ley 1/2012, de 30 de enero por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía–, como formaciones de grado superior universitarias, de carácter oficial fueron impulsadas por la propia administración hace ya más de dos décadas, en la comunidad autónoma de Andalucía, –siendo Sevilla primero y luego Málaga las universidades que siguieron los pasos de otras como la Autónoma de Madrid, Navarra o Barcelona–; y ese impulso y esa apuesta, desde el punto de vista del Colegio, deben tener sentido especialmente en el sector público, que debería por tanto exigir dicha titulación como requisito preferente a la hora de cubrir estas vacantes.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía considera a este respecto que las administraciones y empresas públicas o entes instrumentales deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar a un periodista cuando se trata de cubrir las necesidades evidentes y claras de comunicación que tienen estos organismos. El periodismo es más que un oficio; es una actividad reconocida por la que quien la ejerce percibe una retribución, que además debe ser acorde a su cualificación y competencias, de ahí que desde el Colegio exijamos unas condiciones laborales adecuadas en cuanto a categorías profesionales, grupos de cotización y salarios que deben verse recogidas, en el caso de las administraciones públicas, mediante convocatoria de puestos específicos para quienes reúnan los requisitos necesarios, incluido el de la titulación; y en el caso de las empresas privadas, mediante la exigencia de la titulación o la colegiación y unos contratos que permitan algo más allá de la pura subsistencia.
Durante los años más duros de la crisis, los grupos de comunicación han vaciado las redacciones para reducir costes y han abaratado la mano de obra, ofreciendo contratos mercantiles y nutriendo gran parte de sus trabajos con las horas y deshoras de freelance, que pierden mucho más de lo que invierten en su trabajo, si tenemos en cuenta además el trato que el trabajo autónomo tiene en nuestro país.
Objetivo prioritario para el CPPA.
Desde el Colegio se viene trabajando en diferentes líneas para lograr este objetivo: acabar con el intrusismo y con la precariedad laboral en el sector. En el caso concreto de Huelva, se ha contactado directamente con el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha reconocido a los responsables del Colegio que su intención es la de contratar a un licenciado o licenciada en este caso en Periodismo, pero que las bases fueron redactadas antes de que él accediera a la presidencia del organismo, y son algo confusas y no dejan clara su intención.
En la asamblea del CPPA celebrada en el mes de noviembre, se constituyó una comisión de trabajo para abordar esta situación y proponer posibles soluciones contra el intrusismo y en defensa de la titulación o la colegiación para el ejercicio del periodismo y contra la precariedad del colectivo o lo que es peor, la explotación laboral, como recientemente denunciaba la APS, respecto de ofertas por “trabajo gratis”. Si realizamos una búsqueda de empleo para periodista en cualquiera de los grandes portales de empleo, la mayoría ofrecen contratos mercantiles, prácticamente ninguna define una horquilla salarial o directamente te ofrecen una bonita experiencia a cambio de tu trabajo; por eso, acabar con este tipo de ofertas y mejorar la cantidad y la calidad del empleo es sin duda una prioridad para el Colegio.
Así, con el mismo objetivo, la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas en Málaga ha liderado una iniciativa consistente en poner a la firma de los ayuntamientos de la provincia un “Compromiso por la comunicación pública”, al que recientemente se ha adherido la Diputación Provincial y que tiene como fin “mejorar las condiciones laborales y luchar contra el intrusismo profesional”, al tiempo que busca “garantizar que cualquier área de trabajo que cubra el ejercicio propio de la actividad propia de comunicación relativa a gabinete de prensa, dirección de comunicación o similar” se cubra exigiendo la debida titulación oficial. Esta iniciativa se hará extensiva al resto de provincias, buscando con ello el apoyo mayoritario en este caso de los ayuntamientos.