miércoles, 26 de noviembre de 2014

El portavoz y diputado del Grupo andalucista en la Diputación Provincial de Sevilla presenta una moción en apoyo de la Comunidad de Regantes de las "Marismas del Guadalquivir"

El portavoz y diputado provincial del Grupo Andalucista ha presentado al Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla una moción en apoyo de la Comunidad de Regantes "Marismas del Guadalquivir": 

AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Don Alberto Mercado de la Higuera, Portavoz del Grupo Andalucista, cuyos datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inclusión, la siguiente

MOCIÓN EN APOYO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES "MARISMAS DEL GUADALQUIVIR"
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2005, y al amparo de ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía procedentes de fondos europeos (FEDER), comenzaron las obras de modernización de los regadíos de las explotaciones agrarias pertenecientes a la Comunidad de Regantes "Marismas del Guadalquivir" situadas entre los términos municipales de Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas de San Juan.
Dichas obras se encuentran en la actualidad paralizadas, y la adjudicación, ejecución y gestión de las mismas denunciadas ante la Fiscalía de Sevilla por la propia Comunidad de Regantes, e investigándose en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al detectar que las obras certificadas y abonadas (unos 48 millones de euros) por las anteriores Juntas Directivas de la Comunidad, no se corresponden con las obras realmente ejecutadas (28,8 millones) de acuerdo con un informe realizado por un auditor externo.
La actuación judicial ya ha tenido como consecuencia la imputación de varias personas, entre ellas miembros de la anterior Junta Directiva, responsables de la empresa adjudicataria de las obras y varios responsables de distintos departamentos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Las irregularidades detectadas, hace ahora cinco años, han impedido la finalización de las obras de modernización, además de por otros motivos, por un supuesto desvío de los fondos subvencionados, cuyo alcance y responsabilidad deberá determinar la administración de justicia.
Las anomalías detectadas en la gestión del proyecto, al margen de las responsabilidades penales que pudieran derivarse por el desvío de fondos públicos, tienen a nuestro entender un responsable último en los encargados de administrar las ayudas europeas. Por eso nos resulta inadmisible que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, exija a los agricultores englobados en la Comunidad de Regantes "Marismas del Guadalquivir", el reintegro de las ayudas recibidas para la ejecución de la obra al no haber podido finalizarlas en el plazo concedido; ayudas que se han destinado a pagar las correspondientes certificaciones presentadas para su abono con la firma del inspector permanente de la Consejería de Agricultura, en tanto no se determine judicialmente, quienes son los responsables de esta situación.
Exigir a los agricultores la devolución de cerca de 30 millones de euros destinados a la ejecución de la obra, que la propia Junta debiera haber velado por su justo destino, es condenar a más de ochocientas familias a la ruina y condenar a la destrucción al sector primario de una comarca del Bajo Guadalquivir en la que se perderían más de 3500 puestos de trabajo directos e indirectos.
Por ello, el Grupo Andalucista en el pleno de la Diputación, presenta para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
- Instar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a desistir en el apremio de reintegro de las ayudas otorgadas, con cargo a los fondos FEDER, a la Comunidad de Regantes "Marismas del Guadalquivir", enclavada entre los términos municipales de Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas de San Juan, hasta que judicialmente se determine quién o quiénes son responsables, por acción u omisión, del desvío y mal uso de dichas ayudas.

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