La Consejería ha analizado toda la documentación remitida por el Ayuntamiento de Sevilla y ha concluido que para ejecutar el proyecto del Consistorio hispalense sería necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana y habría que aumentar la edificabilidad en esta zona de manera considerable. Además, sería necesario realizar un estudio por el potencial arqueológico de la zona y habría que comunicar a la UNESCO cualquier actuación en este espacio por su incidencia directa sobre los bienes declarados patrimonio mundial, muy cercanos al lugar del proyecto.
Desde la Administración autonómica se considera que estos efectos podrían tener unas consecuencias negativas en la imagen de la ciudad y en la de su patrimonio histórico y cultural, afectando claramente al turismo. Además, la propuesta municipal también supondría la eliminación de zonas verdes y una mayor saturación de una zona estratégica de la ciudad ya muy congestionada.
Las conclusiones evidencian también que las edificaciones planteadas por el Consistorio no responden al modelo de Ciudad de la Justicia de unificar todas las sedes judiciales en un complejo único y comunicado. Al contrario, propone una serie de edificios aislados y sin conexión entre sí, lo que afectaría a la movilidad y confortabilidad de usuarios y profesionales.
Por todo ello, la Junta de Andalucía considera más adecuado y conveniente que la Ciudad de la Justicia se construya en los terrenos de Los Gordales, por presentar muchas más ventajas y evitar algunos de los inconvenientes citados, ya que no se precisaría aumentar la edificabilidad ni modificar el PGOU y no habría ninguna afección en materia de patrimonio histórico.
La opción de Los Gordales permite abordar además las obras por fases, adecuándolas a las posibilidades presupuestarias y a las previsiones a medio plazo de nuevas necesidades, terminando así con la dispersión actual y permitiendo que en el futuro todos los órganos y servicios de la Administración de Justicia de Sevilla se sitúen en un espacio superior a los 220.000 metros cuadrados.
El departamento que dirige Emilio de Llera ha pedido al alcalde de la capital que apoye el proyecto defendido por la Junta en Los Gordales al considerar esta zona idónea para la construcción de esta infraestructura que paliará la dispersión actual y la actual insuficiencia de instalaciones. La Consejería sostiene que estos terrenos son un lugar adecuado por disponer de espacio suficiente para albergar las actuales sedes judiciales y asumir también necesidades y crecimientos futuros.
Justicia e Interior critica que el Gobierno municipal no haya valorado el impacto visual que tendría una infraestructura de estas características en el centro de Sevilla, lo que podría acarrear consecuencias negativas para el turismo y el patrimonio histórico y cultural al existir el riesgo de que la UNESCO amonestase a la ciudad por instalar un elemento discordante en un entorno de especial protección.
El titular de la Consejería de Justicia e Interior ha manifestado que siempre apuesta por el diálogo y el consenso para afrontar un proyecto de esta envergadura, por lo que solicita al Ayuntamiento que valore y estudie ahora la propuesta sobre Los Gordales, tal y como se comprometió el alcalde de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido, en su reunión con el consejero.
La Consejería pone de relieve su confianza en alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento sobre la ubicación de esta infraestructura judicial en Los Gordales con el objetivo de iniciar cuanto antes todos los trámites y trabajos técnicos previos para poner en marcha el proyecto.(Fuente: JA).
RESPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez ha asegurado que “la Junta de Andalucía le da la espalda a Sevilla con su negativa a la ciudad de la Justicia ya que ni siquiera han consignado en los presupuestos ni un euro para llevar a cabo el proyecto”.
“La Ciudad de la Justicia es fundamental para los sectores afectados y para los sevillanos, por lo que la Junta no puede estar siempre dando la espalda a los sevillanos” ha explicado Vílchez quien ha añadido que “le dan la espalda a todos los proyectos necesarios como ha sido el caso del puente de Torneo, la Gavidia, el aparcamiento de la Alameda”.
Maximiliano Vílchez ha destacado que “las respuestas que nos dan son incongruentes, en general se solicita que se acredite la viabilidad patrimonial. La viabilidad patrimonial depende de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico con lo cual se solicita un requisito que depende de la Junta de Andalucía”.
Por otro lado es curioso argumentar estas circunstancias patrimoniales en este entorno cuando la Junta presentó para el Equipo Quirúrgico, un proyecto muy arriesgado, con una fachada compuesta de un aplacado metálico y de dudoso encaje patrimonial. “Cuando lo presenta la Junta si se considera oportuno lo arriesgado y vanguardista del Proyecto, si lo presenta el Ayuntamiento hay que acreditar la viabilidad patrimonial” ha explicadoVílchez..
En cuanto a los argumentos expresados sobre la viabilidad e incrementos de edificabilidad fueron perfectamente salvados por la Junta de Andalucía en otros casos próximos y usos más discutibles para el entorno (legalización de las cocheras del Tranvía en el Prado y su edificación adyacente que se excedía de las alineaciones del PGOU).
Según Vílchez “es más que curioso que ahora la Junta de Andalucía se escude en la UNESCO para cuestionar un proyecto municipal, cuando en todo el proceso de la Torre Pelli ignoró completamente sus indicaciones y recomendaciones, y cuando esa negligencia ha puesto en riesgo la declaración de Patrimonio de la ciudad”.
El delegado de urbanismo ha dejado claro que “estamos hablando de un nuevo NO a los sevillanos y que la Ciudad de la Justicia es fundamental para Sevilla, por ello le pido al consejero y a la Junta que reconsideren su negativa y piensen en los ciudadanos en lugar de en sus intereses electorales”.
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