El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, han trasladado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, un decálogo de propuestas destinadas a paliar la "complicada situación económica y financiera de los ayuntamientos andaluces", provocada principalmente por la caída de ingresos tributarios como consecuencia de la falta de actividad.
Además, los representantes autonómicos han defendido que se alcancen acuerdos con los ayuntamientos que tienen "serios problemas" como se hizo en su día con el de Marbella (Málaga)y el que se va a llevar a cabo con Jerez de la Frontera (Cádiz).
En este sentido, la Junta considera necesario articular medidas para ayudar a los consistorios que se encuentran en una "situación extremadamente delicada", entre las que destaca la aportación de un Fondo de Liquidez Local destinado a sanear las cuentas de consistorios y mancomunidades que tienen "problemas estructurales extremos" para que puedan atender los pagos a proveedores, seguridad social y nóminas..
Igualmente, en el decálogo se propone la devolución por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades de IVA abonado por los ayuntamientos para así avanzar y "hacer efectiva la idea lógica de que no se abonen tributos entre administraciones". Otra de las medidas presentadas al Gobierno es que se apruebe una tarifa energética reducida para los servicios municipales con los beneficios que ello supondría.
A juicio de los representantes del Gobierno andaluz, se trata de actuaciones no sólo para atender circunstancias puntuales sino que se pretende que tengan un carácter preventivo y evitar que vuelvan a producirse en el futuro.
Otras propuestas incluidas en el decálogo de la Junta son la flexibilización del objetivo del déficit que actualmente impide a los ayuntamientos incurrir en el mismo, la revisión del sistema de financiación local para que se eliminen los intereses de demora en el pago a la seguridad social, el establecimiento de mecanismos flexibles para el adelanto de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos, así como fijar unos ingresos mínimos no retenibles.
La ampliación del periodo de amortización de los planes de pago a proveedores y suavizar la condiciones relativas a cuantías, plazos y fraccionamiento en los reintegros de subvenciones, están también incluidas en el decálogo.
Valderas y Martínez Aguayo han subrayado "la urgencia y el interés de estas medidas" para facilitar una vía de salida a la "crítica situación económica de los ayuntamientos andaluces".
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