Según Comunicación Poder Judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado, a través de una providencia, enviar al decanato la causa que seguía sobre la venta de los suelos de Mercasevilla con el fin de que sea enjuiciada por un juzgado de lo Penal.
En la providencia, la jueza señala que visto el estado que mantiene las presentes actuaciones, la causa debe ser enviada al decanato para “ser turnada al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, competente para el enjuiciamiento y fallo de las mismas, conforme a las actuales normas de reparto”.
En la causa, se encuentran acusadas diez personas, entre cargos públicos, técnicos y empresarios, a las que se atribuye la posible comisión de delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación. El primero de los delitos se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, al “haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo” entre los acusados "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
Y respecto a la prevaricación, el auto señala que "a sabiendas, los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público” como en la valoración favorable a la entidad Sanma. (Fuente: TSJA).
En la providencia, la jueza señala que visto el estado que mantiene las presentes actuaciones, la causa debe ser enviada al decanato para “ser turnada al Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, competente para el enjuiciamiento y fallo de las mismas, conforme a las actuales normas de reparto”.
En la causa, se encuentran acusadas diez personas, entre cargos públicos, técnicos y empresarios, a las que se atribuye la posible comisión de delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación. El primero de los delitos se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, al “haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo” entre los acusados "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
Y respecto a la prevaricación, el auto señala que "a sabiendas, los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público” como en la valoración favorable a la entidad Sanma. (Fuente: TSJA).
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