El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves, con el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular, la renovación de la financiación y de los objetivos del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, en su anualidad 2017, el instrumento que regirá las políticas sociales de la provincia y herramienta precisa para prestar la asistencia técnica y económica para el funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios.
El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la presentación pública de este Plan, ya lo había definido como 'un paso adelante más para la consolidación de los servicios sociales y de igualdad de género en los pueblos de Sevilla' y hoy, en la sesión plenaria, ha sido la diputada del ramo, Lidia Ferrera, quien ha recalcado la apuesta importante que supone por el bienestar y la cobertura social de las familias sevillanas más vulnerables.
Serán casi 60 millones los que se ponen en carga para ejecutar un Plan, que se nutre de aportaciones de varias instituciones: la Junta de Andalucía, con el 48,08% del total; la Diputación, con el 41,86 %; los ayuntamientos sevillanos, con el 9,48% y el Gobierno Central, con el 0,57%. Políticas sociales que benefician de forma directa a 168 mil personas y que generan más de 4 mil empleos directos en municipios menores de 20 mil habitantes, a los que se suman las también más de 4 mil contrataciones anuales que, a través del PUM, emplean a familias en riesgo de exclusión social.
Ferrera, ha destacado también durante su intervención en el Pleno las novedades en cuanto a actuaciones: formación para el empleo y la integración de jóvenes con discapacidad intelectual de entidades sin ánimo de lucro sevillanas; prácticas becadas para la inclusión socio laboral de jóvenes con discapacidad intelectual para municipios menores de 20 mil habitantes, y promoción de la atención a la diversidad sexual desde la perspectiva de género en los que ahora serán denominados Puntos de Igualdad Municipales.
Además, el Pleno ha aprobado la modificación del límite de gasto no financiero en el Presupuesto General de 2017, una vez hecha pública por el Gobierno de España la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2017, fijada en julio de 2015 en el 2,2% y cerrada finalmente, en diciembre pasado, en el 2,1%. Como ha explicado la diputada de Hacienda, Concepción Ufano, la Diputación se ve forzada a reducir su techo de gasto no financiero en un 0,1%, unos 200 mil euros menos, por esta causa, que Ufano ha lamentado, haciendo hincapié en su preocupación por cómo se van a ver afectadas acciones importantes de la política provincial, como las inversiones en obras del Plan Supera, por las oscilaciones del Ministerio de Montoro.
Por último, los diputados provinciales han expresado, a través de una declaración institucional, su preocupación por el despoblamiento del medio rural español, solicitando que se reconozca y financie la competencia de ayuntamientos y diputaciones provinciales en la disposición de servicios locales a la ciudadanía, que garanticen la igualdad de oportunidades y promoviendo medidas como la valorización del medio rural en los ámbitos de la sociedad y de la empresa, ser especialmente sensibles a la realidad de la mujer en los escenarios rurales o introducir medidas fiscales y ayudas económicas, así como nuevas formas de economía social para la vida rural española. (Fuente: DPS).
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