En la Sala de Prensa de Laredo, Chema Castells, portavoz de la Plataforma "Somos Emigrantes"; Daniel González Rojas, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, y Cristina Honorato, concejala de Participa Sevilla, han informado de la moción que dichas formaciones presentarán de forma conjunta en el Pleno Municipal del próximo viernes 29, a propuesta de la Plataforma "Somos Migrantes", para que Sevilla se declare "Ciudad Libre de CIEs".
MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DECLARE SEVILLA, “CIUDAD LIBRE DE CIES"
Moción relativa a la posible apertura de un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) o al uso de cualquier instalación para la detención de personas migrantes en nuestra provincia.
Exposición de motivos
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, para lo que se les priva de libertad.
Dependen del Ministerio del Interior del Gobierno de España, comenzaron a crearse en 1985 y actualmente existen 7: en Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia.
El pasado mes de noviembre se utilizó la cárcel de Archidona como un lugar de detención de migrantes (como un CIE), incumpliendo así con su propia definición de ser “espacios no penitenciarios” y excusándose en el carácter “excepcional” de las llegadas multitudinarias de personas a nuestras costas.
La privación de libertad en los CIE tiene lugar durante un periodo máximo de 60 días y nadie puede ser internado en los mismos sin que medie resolución dictada por la autoridad judicial competente que expresamente así lo autorice u ordene. El Real Decreto que establece el Reglamento de funcionamiento de los CIEs (RD 162/2014), recoge que su gestión debe estar regida por los principios de proporcionalidad en los medios utilizados y objetivos perseguidos, intervención menos restrictiva y atención especializada a personas vulnerables.
La normativa europea no obliga al Estado español a internar a las personas extranjeras para su expulsión o a contar con centros con este régimen de privación de libertad. Esta interpretación, además de respetar el tenor literal del texto, resulta conforme con el principio de proporcionalidad que debe regir la regulación de esta privación de libertad. Así se establece, en efecto, en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, el artículo 15.1 supedita el internamiento a la posible adopción de «otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo» ; por otra parte, dispone el carácter potestativo del internamiento al establecer que «los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno». Y a su vez limita la posibilidad del internamiento a dos finalidades: «únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión».
Además de ello, desde el punto de vista de la garantía de la expulsión –la función para la que presuntamente fueron creados–, resultan ineficientes e innecesarios. Los datos demuestran que la medida se emplea de forma abusiva, internando indebidamente a personas que per se no son expulsables, y que, además, resulta ineficaz. Dos tercios de las personas que son ingresadas en un CIE son dejadas en libertad en el territorio español pasados los 60 días máximos de internamiento.
Además, la gestión de los CIEs resulta sospechosamente opaca. El acceso de autoridades, periodistas o integrantes de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas extranjeras está plagado de trabas burocráticas. Pero, aun así, los testimonios de las personas que están o han estado internados en estos centros, o los graves y dramáticos sucesos que a veces han sucedido en su interior y que han sido imposibles de ocultar por las autoridades, revelan datos suficientes como para considerarlos una isla de impunidad en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Los CIEs resultan un coto vedado donde no se garantizan derechos como la salud física y psicológica, la educación, la identidad, el derecho a la vida personal y familiar, la comunicación, la intimidad, la seguridad, la integridad física, el acceso a la justicia o, incluso, la propia vida. En algunos CIEs se han constatado además gran deterioro de las instalaciones, falta de higiene y escasa habitabilidad, lo que supone una fuente adicional de sufrimiento para las personas internadas en ellos. La disposición arquitectónica y las medidas de "seguridad" aproximan los CIEs más a una simple y mediocre cárcel que a un centro de acogida de personas vulnerables.
De todo ello se ha hecho eco recientemente el Foro Andaluz de las Migraciones, con participación de la Junta de Andalucía, actores sociales y ONGs, al aprobar un posicionamiento donde se recoge que “El modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser respetuoso con los derechos de las personas migrantes”. En dicho posicionamiento se evidencia que la situación en la que se encuentra el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa es “jurídica, social y moralmente insostenible” y se requiere el cierre de los mismos, dado que no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad. Finalmente muestra su rechazo a la apertura de nuevos centros de internamiento.
En julio de 2017 el delegado de gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, habló de la posibilidad de construir nuevos Centros de Internamientos de Extranjeros en Andalucía.
Ante esta circunstancia, la ciudadanía sevillana no quiere en su provincia (ni en su Estado) una cárcel opaca para detener a personas extranjeras que no han cometido delito alguno y que generaría alarma social y racismo. Un centro de internamiento que solo provoca sufrimiento y que ha abocado en el pasado a suicidios, abusos sexuales, casos de trata y de solicitantes de asilo no detectados, presencia de menores y muertes en condiciones más que sospechosas. La legislación marca que su finalidad es retener a los ciudadanos extranjeros a la espera de su expulsión. Pero la práctica nos muestra que el mecanismo es puramente punitivo.
Hay importantes organizaciones nacionales e internacionales que cuestionan la existencia de los CIE. En ese sentido también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo. Los propios relatores de Naciones Unidas han expresado el alto coste humano que supone esa medida para las personas internadas.
Los ayuntamientos y entes locales, en tanto que primeros espacios políticos de proximidad con la ciudadanía, deben fomentar el desarrollo de la democracia y la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por ello debemos reclamar la garantía de los principios y derechos constitucionales e internacionales para todas las personas, sin importar su situación administrativa.
Nuestro Grupo entiende que se hace imprescindible un compromiso firme de nuestra localidad contra los CIE. Es por todo ello que este grupo propone la adopción del siguiente:
ACUERDO 1.- El Ayuntamiento de Sevilla manifiesta su rechazo a que, en un futuro, se construya, instale o destine en su localidad cualquier edificio o instalación pública – ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centro de Estancia Temporal o cualquier otras que se pueda utilizar – que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa
ACUERDO 2.- Trasladar este acuerdo al Ministerio del Interior y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.
Colectivos que componen la Plataforma Somos Migrantes:
África con voz propia, Andalucía Acoge, Asamblea de Andalucía, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, Asociación Andaluza Africando, Asociación Berakah, Asociación Claver-Servicio Jesuita a Migrantes, Asociación Marroquí por la Integración, Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía (APDHA), Caravana Abriendo fronteras, Cáritas La Pañoleta, Caritas Diocesana, CEAR, CESPYD, CC.OO., Entrepueblos, Hermanitas de la Asunción, Iniciativa Cambio Personal Justicia Global, Izquierda Unida, Mad África, Mezquita Ishbilia, Mujeres de Negro, Plataforma contra la Guerra, Plataforma Solidaridad con Palestina, Plataforma por la Sanidad Pública, Oficina de derechos sociales (ODS) , Sevilla Acoge, Solidaridad Internacional-Andalucía.
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