El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno ha acordado hoy comenzar los trabajos para la modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, con la finalidad de eliminar los aforamientos de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, de las personas titulares de las distintas consejerías y de los diputados del Parlamento de Andalucía, ha informado el Ejecutivo andaluz. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local --indica la Junta--, será la encargada de iniciar las actuaciones.
El aforamiento es una figura recogida en el Estatuto que establece un régimen particular para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de los diputados y diputadas, así como para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal y civil en el caso de la Presidencia y las personas responsables de las diferentes consejerías. En estos casos, no son los juzgados ordinarios los encargados de investigar y enjuiciar los posibles delitos, sino el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el Tribunal Supremo, si los hechos fueran cometidos fuera del territorio andaluz.
El Gobierno andaluz considera necesario plantearse el fundamento de esta figura como prerrogativa parlamentaria, justificada hasta ahora en que las elevadas funciones de las personas aforadas exigen mecanismos específicos de protección frente a posibles represalias políticas. Pese a esta base garantista, el Consejo de Gobierno considera que la regeneración democrática de las instituciones debe someterse a las exigencias de los tiempos y a las nuevas demandas democráticas de la ciudadanía. Además, la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos es una de las medidas pactadas por el nuevo Gobierno andaluz.
Por todo ello --finaliza la información la Junta de Andalucía--, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local da comienzo a los trámites para que las personas aforadas, que si bien deben seguir siendo protegidas en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos ajenos a su función parlamentaria y que les implique de forma directa en cualquier procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional.
ACTUACIONES PARA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha instado al consejero de Triso, Regenración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de medidas para la protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción.
Indica la Junta que el Gobierno andaluz considera conveniente dicha protección, de tal forma que se regule laprotección y tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende que estas personas tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica, y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias.
Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, existen reticencias por parte de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una actuación fraudulenta a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. En consecuencia, es fundamental ofrecer una adecuada protección a las personas denunciantes a través de un mecanismo que genere confianza y que promueva una mayor implicación ciudadana.
Las medidas a adoptar se integrarán en un único texto legal junto con la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. De esta forma --finaliza la información la Junta de Andalucía--, y conforme a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Principio Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se estaría dando cumplimiento a principios tales como el de necesidad y eficacia o el de seguridad jurídica, procurando un marco normativo estable, integrado y claro. (Foto: JA).
El Gobierno andaluz considera necesario plantearse el fundamento de esta figura como prerrogativa parlamentaria, justificada hasta ahora en que las elevadas funciones de las personas aforadas exigen mecanismos específicos de protección frente a posibles represalias políticas. Pese a esta base garantista, el Consejo de Gobierno considera que la regeneración democrática de las instituciones debe someterse a las exigencias de los tiempos y a las nuevas demandas democráticas de la ciudadanía. Además, la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos es una de las medidas pactadas por el nuevo Gobierno andaluz.
Por todo ello --finaliza la información la Junta de Andalucía--, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local da comienzo a los trámites para que las personas aforadas, que si bien deben seguir siendo protegidas en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, sean juzgadas por la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos ajenos a su función parlamentaria y que les implique de forma directa en cualquier procedimiento judicial de cualquier ámbito jurisdiccional.
ACTUACIONES PARA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha instado al consejero de Triso, Regenración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de medidas para la protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción.
Indica la Junta que el Gobierno andaluz considera conveniente dicha protección, de tal forma que se regule laprotección y tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende que estas personas tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica, y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias.
Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, existen reticencias por parte de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una actuación fraudulenta a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. En consecuencia, es fundamental ofrecer una adecuada protección a las personas denunciantes a través de un mecanismo que genere confianza y que promueva una mayor implicación ciudadana.
Las medidas a adoptar se integrarán en un único texto legal junto con la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. De esta forma --finaliza la información la Junta de Andalucía--, y conforme a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Principio Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se estaría dando cumplimiento a principios tales como el de necesidad y eficacia o el de seguridad jurídica, procurando un marco normativo estable, integrado y claro. (Foto: JA).
No hay comentarios:
Publicar un comentario