viernes, 28 de noviembre de 2014

La juez Alaya ha levantado el secreto del sumario de la Operación Madeja que desde noviembre se llama "Operación "Enredadera"

Según informa Cana Sur Noticias en su página web, la jueza Mercedes Alaya ha levantado este viernes, tras 17 meses, el secreto del sumario de la Operación Madeja, en el que atribuye al PSOE e IU el cobro entre el 2003 y el 2011 de comisiones ilegales de la empresa Fitonovo, mientras gobernaban en el Ayuntamiento de Sevilla, para obtener obras y servicios públicos.
En la noticia difundida por este medio se afirma que en la causa, que acumula 10.000 folios repartidos en 21 tomos, la juez afirma que el PSOE cobró comisiones entre el 2006 y el 2009 por cantidades que oscilaron entre 30.000 y 60.000 euros, dinero que la empresa disimuló a través de una anotación en la contabilidad B denominada "Langostinos Maera".
Respecto a IU, socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla entre el 2003 y el 2011, la juez afirma que recibió "mordidas" por 155.000 euros por adjudicar a Fitonovo once campos de fútbol de césped artificial por 6,9 millones de euros.
Canal Sur añade en su noticia que la Operación Madeja comenzó en julio del 2013 por cobros de comisiones ilegales por parte de Fitonovo, y la tercera y última fase se desarrolló el 11 de noviembre pasado con el nombre de Operación Enredadera, que se saldó con 32 detenciones y el envío a prisión de cuatro personas, tres de las cuales han salido de la cárcel tras pagar las fianzas.
La misma fuente indica que los pagos al PSOE se habrían hecho, según el acta de imputación del exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo, como "compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación con el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos".
El exconcejal imputado, al que la Fiscalía pidió una fianza civil de 400.000 euros, se reunía una vez al mes con el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, que reconoció ante la juez sobornos y para el que Alaya pidió dos millones de euros de fianza civil.
En esta noticia de Canal Sur se recoge también que la juez afirma que Gómez Lobo se unió con Domingo Enrique Castaño, exasesor del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y al que atribuye un incremento patrimonial injustificado de 411.000 euros, para "maquillar" los pagos ilegales al dueño de Fitonovo.
Gracias a la mediación del concejal socialista, Fitonovo logró la adjudicación de varios concursos, como el riego del Parque de María Luisa por casi 500.000 euros o la conservación de juegos infantiles por 432.778 euros. De los 155.000 euros recibidos por IU, 70.000 habrían sido entregados en 2010 en una caja de zapatos mientras era concejal de Deportes José Manuel García, que hoy ha dimitido como portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla tras ser imputado en este caso.
También informa Canal Sur que según la juez, el exportavoz intervino, "en connivencia con otros dirigentes" como Antonio Rodrigo Torrijos, también imputado y que dimitió como portavoz de la federación hace un año, para que la formación política recibiera dinero por la adjudicación de contratos.
Las "mordidas" de IU las recibió Antonio Miguel Ruiz, exasesor de Torrijos y que quedó en libertad tras comparecer ante Alaya y después de figurar entre los 32 detenidos en la última fase de la operación.
Rodrigo Torrijos intervino "decisivamente", según la juez, para pedir comisiones en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a 11 campos de fútbol, lo que el exdirigente político, que se ha dado de baja temporal en IU, negó "rotundamente" tras comparecer el pasado lunes ante Alaya.
Finaliza Canal Sur informando que otro de los implicados en este caso es el exalcalde socialista de Algeciras Tomás Herrera, que habría participado en el concurso fraudulento de construcción y explotación del polideportivo El Calvario, por lo que Fitonovo se comprometió a pagar 279.360 euros, según la juez.
Por otra parte, en esta Operación también fue imputado Joaquín Peña, que era director de Parques y Jardines durante el Gobierno de Zoido y que fue concejal del PP en la legislatura anterior.
Como se recordará, Joaquín Peña Blanco (PP), fue citado a declarar como imputado por la juez Alaya al comienzo de la llamada Operación Enredadera. En dicha comparecencia, en la que el ex concejal popular se acogió a su derecho a no declarar, el fiscal le pidió una fianza civil de 200.000 euros y la juez le imputó cuatro delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

No hay comentarios: