CASO DE LOS ERE.- Los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía se niegan a declarar anta la juez Alaya

Los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, han comparecido este lunes por segunda vez ante la juez Mercedes Alaya. Los dos exaltos cargos  se han acogido este lunes a su derecho a no declarar ya que entienden que la instructora ha agotado su competencia.
Por otra parte, según recoge Canal Sur en su página web, tras la comparecencia de Lozano y Aguilera, informa que ninguna parte ha solicitado medidas cautelares contra ellos, ha resaltado su abogado, José María Mohedano, quien ha criticado a la juez la "ocultación" de algunas declaraciones relacionadas con el caso, tras lo cual Alaya le llamó al orden porque le acusaba de cometer un delito.
El abogado, tras negar que le acusara de cometer un delito, dijo que se refería a la declaración ante la Guardia Civil del interventor delegado de Empleo, Juan Luque, y al informe que emitió junto a tres interventores de la Junta sobre la legalidad de las transferencias de financiación, y también le recordó que existe un incidente de nulidad de actuaciones pendiente de resolver.
Cuando la juez anuló la primera imputación de Lozano y Aguilera, dejó también en suspenso la fianza civil de 46 millones de euros impuesta al primero de ellos y de un millón al segundo.
Tras la comparecencia de hoy, su abogado considera que si la juez adopta ahora alguna medida cautelar contra ambos cometería "un exceso" así como una "vulneración del derecho a la no indefensión, ya que al no ser formulada ninguna petición no tienen la oportunidad de oponerse a las mismas".
La juez Alaya acusa a Aguilera y Lozano de "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas y afirma que la elaboración presupuestaria en la que ambos participaron originó la "alarmante ilegalidad" de que las subvenciones "no se tramitaban por su procedimiento legal y no se fiscalizaban como tales subvenciones, sino como meras transferencias de financiación".
Añadió que ello "degeneró en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía" pues "no existía publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras, y en cambio se producía un incremento año tras año del déficit presupuestario de la Consejería".
Finaliza esta información de Canal Sur afirman que Lozano fue director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, periodo en el que tramitó doce expedientes de modificación presupuestaria por 57 millones de euros, mientras que su sucesor, Aguilera, tramitó dos expedientes por valor de 20 millones mientras ejerció el cargo entre 2009 y el 2012, según la juez.