- Apuesta por los recursos humanos propios, especialmente en el caso de los servicios informativos, incluida su dirección.
- Renovación de la plantilla con convocatorias públicas que permitan la incorporación de nuevos profesionales y personas jóvenes cualificadas, teniendo como fuentes importantes de las que nutrirse tanto las Facultades de Comunicación como los centros de formación profesional existentes en la Comunidad Autónoma, ayudando con ello además al refuerzo del sector y la generación de oportunidades de empleo.
- Despolitización de la radio y la televisión públicas andaluzas, dando cabida a los profesionales y las organizaciones que los representan, para garantizar la independencia y la pluralidad informativa, así como los principios que se recogen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la propia Constitución.
- Inversión en infraestructuras y en la actualización de las tecnologías para dar respuesta a las exigencias de los nuevos entornos digitales y a las necesidades de cobertura de una comunidad tan amplia, diversa, heterogénea y rica como es Andalucía.
- Desarrollo pleno de las obligaciones de accesibilidad, en atención a lo previsto en la Ley 10/2018, Audiovisual de Andalucía mediante la disposición de los recursos humanos y materiales necesarios para ello.
Son fines esenciales del Colegio “velar porque la actividad profesional se adecue a las necesidades e intereses de la sociedad, con un adecuado nivel de calidad”, así como “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática”. Nada de esto es posible sin una verdadera apuesta por un servicio público de radio y televisión que respete estos principios y reciba el respaldo de las administraciones y los gobiernos.
El Colegio ha solicitado una reunión con la dirección de la RTVA para trasladar de primera mano estas demandas y conocer los planes que se están preparando por parte de los nuevos responsables sobre el futuro de la corporación a medio y largo plazo.
Desde el Colegio Profesional de Periodistas respetamos, como no podía ser de otro modo, las decisiones adoptadas por los organizaciones sindicales en el ejercicio de sus obligaciones y derechos de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del servicio público, intereses y fines que compartimos.
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