* El estudio de movilidad elaborado por la Junta de Andalucía, con la colaboración municipal a través de la Gerencia de Urbanismo, Tussam y la Dirección de Movilidad, considera viable esta ubicación y que cuenta con las necesarias garantías de accesibilidad
* En este estudio se ha evaluado el número de personas que acceden a los equipamientos judiciales diariamente, cifra que se sitúa en torno a las 4.400 personas, así como sus hábitos actuales y preferencias en caso del traslado a Palmas Altas
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Administración local y Regeneración, Juan Marín, han mantenido hoy una reunión de trabajo en la que se ha acordado impulsar de forma conjunta un plan de trabajo para el desarrollo del proyecto de Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Este paso, que será objeto de reuniones con representantes del sector judicial en las próximas semanas, se ha adoptado después de evaluar las conclusiones del estudio de movilidad de la Junta de Andalucía que considera viable esta ubicación así como que cuenta con las necesarias garantías de accesibilidad. Así lo constatan las encuestas, los trabajos en torno a la circulación en la zona sur de la ciudad y los informes sobre afluencia de trabajadores y usuarios a los actuales equipamientos judiciales.
“Hemos dado hoy un paso muy importante en el acuerdo entre las dos administraciones para lograr el impulso definitivo a este proyecto que lleva tanto tiempo pendiente como es la Ciudad de la Justicia. Se va a hacer con todas las garantías y con un trabajo conjunto entre las administraciones. Esta es una decisión que va a ser uno de los hitos que definan el futuro desarrollo de la ciudad hacia el sur y se enmarca en nuestro modelo de ciudad”, explicó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien anunció su objetivo de lograr que el máximo número de grupos políticos de la Corporación se sumen a este acuerdo para que sea una decisión “por unanimidad” y consenso.
El estudio de movilidad ha sido elaborado por la Junta de Andalucía con la colaboración municipal a través de la Gerencia de Urbanismo, Tussam y la Dirección de Movilidad. En este estudio se ha evaluado el número de personas que acceden a los equipamientos judiciales diariamente, cifra que se sitúa en torno a las 4.400 personas, así como sus hábitos actuales y preferencias en caso del traslado a Palmas Altas. Del mismo modo, se ha evaluado el actual modelo de circulación en la zona sur de la ciudad así como la incidencia del centro comercial Lagoh de Palmas Altas. Con esta base se considera que el traslado a esta zona de la Ciudad de la Justicia es viable.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla continuará una línea de trabajo conjunta para ejecutar un programa de medidas que garanticen la movilidad y la accesibilidad. Se considera en este sentido como de enorme importancia el tercer carril del puente del Centenario, que se encuentra en trámites por parte del Ministerio de Fomento; el proyecto de ampliación del Metro y la revisión del trazado de la zona sur de la línea 3 con parada en el entorno de la Ciudad de la Justicia, el refuerzo de los servicios de Tussam y, en su caso, la ejecución de un paso sobre la SE-30 que conecte con Bermejales.
Estas medidas se realizarán en paralelo a las obras de adecuación de los edificios que ejecutará la Junta de Andalucía. En este sentido, dentro de la operación, y de acuerdo con el análisis realizado también desde la Gerencia de Urbanismo, la operación de la administración autonómica se ampliará también a otros dos solares que quedarán reservados para una siguiente fase de ampliación de los equipamientos judiciales así como para la construcción de plazas de aparcamiento. Estas se diseñarían en cualquier caso de forma coordinada con el centro comercial Lagoh de forma que puedan ser usos compatibles.
En total, de acuerdo con las cifras difundidas por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico va a realizar una inversión de 78 millones de euros para la compra de los edificios actuales y las dos parcelas adicionales para ejecutar la Ciudad de la Justicia en fases un presupuesto al que hay que añadir los 30 millones aproximados de las obras. En una primera en el edificio ya construido y más adelante en la parcela que servirá para completar el proyecto con un edificio de nueva construcción.
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