* González Rojas (IU) se compromete a retomar las relaciones con las ONGD de la ciudad, después de un mandato nefasto en materia de cooperación
El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Daniel González Rojas, ha defendido este lunes la necesidad de dar “un giro de 180 grados” a las políticas sociales del Ayuntamiento con el objetivo de blindar los servicios públicos y de “recuperar la ciudad solidaria y acogedora que el Gobierno de Zoido se empeña en hacer desaparecer a marchas forzadas”.
Durante un encuentro con asociaciones de derechos humanos y de inmigrantes, en el que ha participado el diputado de IU en el Parlamento Europeo, Javier Couso, González Rojas se ha comprometido a retomar las relaciones del Consistorio con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), después de un mandato nefasto, en el que el PP ha recortado un 90% el presupuesto de cooperación y se ha desentendido por completo de las políticas de solidaridad.
“Frente a la privatización de los servicios sociales y al desmantelamiento de la ayuda al desarrollo que hace el PP, en IU apostamos firmemente por un Ayuntamiento que, desde lo público, trabaje por la integración, la igualdad de derechos y la convivencia”, ha aseverado González Rojas, quien ha estado acompañado en esta reunión por varios miembros de su lista como el número 3, Ismael Sánchez, y la 4, Nora Casalanga.
En este sentido, el candidato de IU ha asegurado que, si llega a la alcaldía, habilitará canales de participación para que las ONG puedan tomar parte en la elaboración y aprobación de las políticas del Consistorio. Así, entre las prioridades de González Rojas, destaca la de reactivar el Consejo Municipal de Cooperación que el Gobierno de Zoido ha dejado morir por inanición en los últimos cuatro años.
Otras propuestas de la federación de izquierdas en esta materia pasan por la creación de una ‘ventanilla única’ de asesoramiento para personas migrantes (donde se informe y faciliten los trámites necesarios dentro de la administración: renovaciones de residencia, reagrupación familiar, inscripciones en el censo electoral…); la simplificación del proceso de empadronamiento; o el fomento de la inclusión a través de la participación social y la puesta en marcha de foros locales para la inmigración.
Por su parte, Javier Couso ha mostrado un “gran interés” en conocer de primera mano la labor de las ONG sevillanas que trabajan con el colectivo de inmigrantes y por la defensa de los derechos humanos, un tema –ha subrayado-- que “nos preocupa aquí y también en Bruselas”.
El europarlamentario de IU ha criticado el “abandono de las políticas de cooperación” y el “tratamiento represivo” que desde los países de la Unión Europea, como España, se suele dar al fenómeno de la inmigración, ya que “no se actúa en origen” y ni siquiera se cuida a quienes recalan en nuestra tierra en busca de un futuro mejor. Una buena muestra de esta injusta situación lo representan, a su juicio, los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIEs), donde actualmente se hacinan personas que “no han cometido ningún delito y que, sin embargo, están peor que en una cárcel”.
Por último, Couso ha denunciado el “doble estándar” que en la UE se emplea a la hora de exigir el cumplimiento de los derechos humanos a los países con los que se firman tratados comerciales. “Si son de los considerados amigos, todo se pasa por alto; si no lo son, se lanzan contra ellos agresivas campañas”, ha sostenido tras alertar de que “se está tirando por tierra” todo el esfuerzo que la humanidad ha hecho a lo largo de la historia por el Derecho Internacional.
RESPUESTA DE LA CONCEJAL DE PABLO-BLANCO
La delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación, Lola de Pablo-Blanco, ha recordado a IU que “Sevilla es la capital de toda España que más dinero destina por habitante a actuaciones de protección y promoción social y solidaridad, según los datos del Ministerio de Hacienda, además de que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido es pionero en la puesta en marcha de un Plan Especial de Apoyo Social dotado con siete millones de euros al año destinados a ayudar a quienes más lo necesitan, por lo que sus críticas se caen por su propio peso”.
De Pablo-Blanco ha añadido que “concretamente destinamos 3,5 millones de euros especialmente para ayudas sociales, las de urgencia y emergencia social para la cobertura de necesidades básicas de las personas que acuden a los centros de servicios sociales, además de que se conceden ayudas a las familias para la atención específica de los menores. Frente a esos 3,5 millones de euros para sustentos mínimos que destina el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía en la que ha gobernado IU tan sólo aporta para Sevilla 52.000 euros”.
Así, la delegada de Asuntos Sociales ha señalado que “es muy irónico ver lo que dice IU, cuando gobierna en la Junta de Andalucía, la misma que ha recortado un 50% en el total de programas sociales que subvencionaba, pasando de los 9.325.289 euros que destinó en 2010 a los 4.994.123 euros en 2013. Programas importantes y necesarios como personal de refuerzo de la dependencia sufrieron el año pasado un recorte del 48%, el de Zonas de Transformación Social un 30% menos, el de Equipos de Tratamiento Familiar un 8% menos, para el de Integración de la Comunidad Gitana no concedió subvención alguna o al de Atención a la Población Inmigrante le recortó un 60%, por ejemplo”.
Además, De Pablo-Blanco ha comentado que “IU parece olvidarse de que gobernó hasta 2011 en Sevilla, por lo que es corresponsable de la situación caótica que existía en la materia de cooperación en el Ayuntamiento de Sevilla, pues nos encontramos expedientes sin tramitar del año 1998 y hemos tenido que tramitar más de 7 millones de euros a entidades por subvenciones que dejaron sin pagar. La solidaridad no es presupuestar grandes cantidades y crear falsas expectativas en las organizaciones y entidades a las que luego no pagaban. Nuestro modelo de cooperación está basado en la eficacia, el orden y la transparencia, algo a lo que IU no está acostumbrada, porque la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad eran su norma habitual, como se está comprobando con la investigación judicial de la Fundación DeSevilla, con proyectos subvencionados que presuntamente nunca se llevaban a cabo o millones de euros cuyo destino parece desconocerse”.
Por último, la delegada ha reclamado a la oposición que “sea coherente y se ponga de acuerdo de una vez, pues no puede ser que por un lado nos critique alegando que estamos dejando los servicios sociales en manos de las entidades y por otro lado nos reproche que no apoyamos a las entidades en absoluto. Además de que las dos cosas a la vez no puede ser, la realidad no es ninguna de ellas, porque precisamente el Plan Especial de Apoyo Social combina las ayudas gestionadas directamente por los profesionales de los centros y las ayudas a entidades sociales municipales”.
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