El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha comparecido hoy a petición propia y de los Grupos Socialista e Izquierda Unida para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno andaluz en relación a la formación profesional en Andalucía. Alonso, comenzó puntualizando que su intervención iba dirigida principalmente a la ciudadanía que merece estar segura de que su dinero se emplea "correctamente".
Durante su comparecencia, el consejero ha indicado que la Junta ha reclamado la devolución de 17,4 millones de euros en ayudas a cursos de formación, en virtud de las resoluciones de reintegro por 581 expedientes ya analizados. Luciano Alonso ha sido concluyente al afirmar que ese dinero tiene que volver a las "arcas públicas". Sobre este asunto ha reseñado que ya se han analizado 4.365 de los 8.505 expedientes, de los que 2.504 están en fase de demanda de información, estudio o fase de inicio de reintegro, mientras que se han resuelto 1.280 expedientes que se han justificado correctamente.
El consejero se refirió también a las exoneraciones y en este sentido ha puntualizado que "en Andalucía no se ha realizado un amnistía o condonación masiva" de justificación de ayudas públicas en materia de formación profesional para el empleo, porque -según Alonso- exonerar o exceptuar a entidades significa que estas podrán concurrir a convocatorias públicas o recibir el abono de ayudas teniendo expedientes previos abiertos, pero "en ningún momento conlleva que no tengan que justificarse".
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha comparecido igualmente en comisión y ha señalado que la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad tiene ya el respaldo de 19 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Esta línea de ayudas cuenta con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros
Cortés se ha detenido en informar sobre la demora en la firma del convenio que implica el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas que permitirá disponer en nuestra comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler. Para la consejera, estas ayudas contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas que aún se encuentran vacías y puedan ser sacadas al mercado en alquiler social.
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado durante su comparecencia ante la respectiva comisión que la Junta lleva analizados 195 de los 211 expedientes de ayudas sociolaborales a empresas y ayuntamientos otorgadas al amparo del programa 31L, o ayudas por expedientes de regulación de empleo (ERE), y ha cifrado en 71 millones de euros la cantidad que los funcionarios consideran que debería ser devuelta.
El consejero ha asegurado que seguirán articulando "todos los procedimientos legalmente establecidos para lograr la restitución de todas las cantidades que se determinen como indebidamente percibidas". (Fuente: Parlamento de Andalucía).
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