El fin de esta reunión era la de pedir al Gobierno Municipal que preside Zoido la retirada del orden del día del próximo Pleno del convenio urbanístico relativo a la reordenación de los suelos de ALTADIS.
El Pleno Municipal ya aprobó un proyecto para dividir la parcela de la fábrica. Con esta división, más de 15.000 metros cuadrados quedarían en poder del Ayuntamiento sevillano para espacios de dominio público, que contaría, además, con el edificio de la fábrica y la capilla de la Hermandad de las Cigarreras. Con este convenio, ALTADIS dispondría del resto de las parcelas. La idea del Ayuntamiento con su parte es la de llevar a cabo equipamientos públicas y la de ALTADIS la de vender sus terrenos para usos terciarios. Sin embargo, toda la operación está pendiente del Plan General de Ordenación Urbana, porque los suelos están catalogados como industriales y el cambio requiere una modificación del PGOU. Asimismo, los terrenos que quiere recibir el Ayuntamiento han de ser declarados Suelo de Interés Público y Social (SIPS) y el resto calificado para uso terciario. Tanto los portavoces del Grupo Socialista y de Izquierda Unida en el Consistorio hispalense, como los representantes de asociaciones, sindicatos y diversos colectivos que se concentraron en la puerta de ALTADIS rechazan el convenio del Ayuntamiento, porque la recalificación significaría la creación de una nueva superficie comercial más en la ciudad y que con el reparto de edificabilidad se podría levantar una torre en los jardines de Manuel Ferrand.
Juan Espadas (PSOE) habló en esta cita de que se puede producir un pelotazo urbanístico. Por otra parte, José Manuel García (IU) dijo que estaba totalmente en contra del texto de la propuesta que el PP presentará en el Pleno, porque en él hay más intereses privados que el de buscar un beneficio para la ciudad y sus ciudadanos. (Foto: JE)
RESPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO
El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, según ha informado el gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Sevilla, ha pedido a la oposición que “sea responsable y apoyen el proyecto de Altadis que supone un beneficio para los sevillanos”.
Vílchez ha añadido que “tanto la oposición municipal como la Junta de Andalucía se dedican a bloquear proyectos importantes para la ciudad y que han de salir adelante para que Sevilla pueda avanzar y que ya es hora de apoyar los intereses de los ciudadanos en lugar de la de los partidistas”.
Según Vílchez “la oposición trata de confundir a la opinión pública con estas afirmaciones, ya que ni mucho menos se desoye o evita el proceso participativo en la elaboración del planeamiento urbanístico. Lo que sucede es simple y llanamente que la gran mayoría de alegaciones presentadas versan sobre cuestiones relativas a la ordenación urbanística y por tanto deberán ser formuladas en el momento procedimental correspondiente, que no es otro, que el de la redacción del planeamiento que desarrolle estos parámetros generales (Innovación del Plan General y Plan Especial de Reforma Interior)”.
En este sentido, el delegado de Urbanismo ha aclarado que “hay que indicar que, la propuesta gráfica que acompaña al Convenio, así como, la distribución de usos y edificabilidades y demás determinaciones y consideraciones de ordenación y desarrollo de una posible intervención, tienen carácter no vinculante.
Por ello, en la redacción que actualmente está llevando a cabo la Gerencia de Urbanismo del documento de Innovación de Plan General ya se están teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los distintos colectivos interesados en este procedimiento.
Por otra parte, “ninguna de las alegaciones presentadas va en contra del objetivo primigenio de este Convenio, que no es otro que la necesidad de acometer una intervención urbanística para la reordenación de los suelos que ocupa la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla”, ha aclarado Vílchez.
Lo que se critica o cuestiona no es la necesidad de intervenir en este ámbito sino cómo se pretende intervenir desde la propuesta del Convenio, es decir se alega contra decisiones o determinaciones que deberán concretarse y precisarse en los correspondientes documentos de planeamiento, los cuales tendrán sus correspondientes procesos de exposición pública y alegaciones.
En definitiva, Vílchez ha insistido en que “ninguna de las alegaciones cuestiona la necesidad de intervenir en estos suelos, ninguna cuestiona la necesidad de cambiar de calificación desfasada de industria singular tabaquera, y ninguna ha aportado documentación que pueda albergar dudas de legalidad respecto a los parámetros globales que se pactan en el citado Convenio”.
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