El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha presidido la firma del Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía por parte del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, los secretarios general de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero.
El documento es la aportación de los agentes sociales y económicos al Pacto por Andalucía y tiene como principal objetivo la "voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Andalucía, mediante la negociación y la concertación de actuaciones".
El Acuerdo por el Progreso Económico y Social de Andalucía persigue generar confianza en el contexto de profunda crisis económica a través de la adopción de compromisos en doce áreas como son la planificación y el diálogo social, la dinamización del empleo, la negociación colectiva, la financiación de la actividad productiva, la inversión pública, la internacionalización de la economía, la I+D+i y las TIC, los sectores productivos, la mejora de la regulación, la eficiencia y la simplificación de trámites, la garantía de los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la financiación de la comunidad autónoma y la defensa de los fondos de la Unión Europea.
Los compromisos están diseñados para alcanzar los objetivos de la recuperación del empleo y la reactivación económica, propiciar un modelo de crecimiento sobre los pilares de la competitividad de la economía, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión y la igualdad social, así como garantizar los derechos sociales de los ciudadanos recogidos en el Estatuto de Autonomía.
La Junta, UGT, CCOO y la CEA coinciden en que el diálogo social es una pieza clave del Estado Social y Democrático de Derecho y, ante la necesidad de una reorientación del modelo productivo, las partes firmantes contemplan la elaboración y concertación de una nueva Estrategia por Andalucía 2020, así como un nuevo Acuerdo de Concertación Social.
El Acuerdo aborda medidas de dinamización del empleo entre las que se incluyen un nuevo Plan de Choque para el año 2014 (marca como colectivos prioritarios a los menores de 35 años y los parados de larga duración mayores de 45 años con cargas familiares) y un Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad. Del mismo modo, las partes acuerdan priorizar las zonas especialmente afectadas por la crisis, el impulso de la formación para el empleo y la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
El documento manifiesta la preocupación por el aumento de la conflictividad laboral y, en este contexto, acuerda el fomento de la actividad del SERCLA así como el reforzamiento de la negociación colectiva en Andalucía. En este sentido, las organizaciones sindicales y empresariales se comprometen a establecer vías de diálogo que contribuyan a mejorar el marco de las relaciones laborales en Andalucía y alcanzar un acuerdo bipartito que agilice y reactive la negociación colectiva.
En relación con la falta de financiación de la actividad productiva, las partes deciden impulsar los incentivos a la cooperación, concentración y aumento de tamaño de las empresas, así como potenciar organismos e instrumentos públicos y privados de financiación.
Inversión pública
El Acuerdo incluye la necesidad de impulsar la inversión pública ante la actual debilidad de la demanda interna, incidiendo especialmente en las infraestructuras ferroviarias. Para ello, plantea la elaboración de nuevos planes de infraestructuras y concertado de vivienda y suelo, así como el impulso a las obras hidráulicas previstas. Del mismo modo, se incluye la formulación de nuevos planes en materia de Internacionalización, I+D+i y TIC, así como la Estrategia de Innovación de Andalucía
Ante la debilidad observada en la oferta productiva, el Acuerdo apuesta por la elaboración de un nuevo Plan Industrial que potencie la atracción de inversiones y luche contra la deslocalización. De igual forma, se impulsa la planificación sectorial en los ámbitos del comercio interior, el turismo, el transporte, la minería y las energías renovables y se establece la necesidad de impulsar la mejora de la regulación, reforzando los procesos de simplificación administrativa y reducción de trámites así como la necesidad de elaborar un informe de impacto sobre la competitividad previo a cualquier norma legal o reglamentaria. Dentro del compromiso con la transparencia y la mejora de la eficiencia de las políticas públicas, el Acuerdo promueve un sistema de evaluación de las mismas.
El Acuerdo reafirma el compromiso y voluntad de mantener y reforzar el derecho social a la educación, la sanidad, los servicios sociales y a la vivienda. En concreto, se contempla impulsar un Plan Extraordinario de Emergencia Social, un Programa de Solidaridad Alimentaria y un Programa de Protección y Apoyo a las Familias, así como la articulación de una Estrategia de Inclusión Social y lucha contra la pobreza.
El texto hace una defensa del Estatuto de Autonomía y, de forma expresa, subraya la importancia de la plena efectividad de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto en la financiación de inversiones del Estado en Andalucía, que tienen que tener al menos una cuantía equivalente a su peso poblacional. El documento establece que lo contemplado en la Disposición Adicional Tercera debería ser un referente para el Estado más allá del año 2014. Las partes reclaman además una correcta aplicación del modelo de financiación autonómica y la mejora del reparto del déficit, endeudamiento y liquidez en función de la población.
Ante la disminución de los fondos de la Unión Europea en una situación de crisis económica, el texto defiende la adicionalidad de los fondos estructurales, reclama el mantenimiento de la dotación presupuestaria de la Política Agraria Común y del desarrollo rural. Adicionalmente, se establece que la programación de los fondos estructurales para el período 2014-2020 se realizará priorizando el objetivo de la generación de empleo.
Del mismo modo, el documento expresa una posición de firmeza en la reclamación al Gobierno de España de aspectos que son relevantes para la consecución de los objetivos que persigue y cuya competencia recae en la Administración central.
En particular, se demanda una financiación suficiente para las acciones de formación en alternancia, como son procesos mixtos de empleo y formación, un programa extraordinario de inversiones en el mundo rural para afrontar las dificultades que atraviesan los trabajadores del campo andaluz, un Plan Especial de Empleo para Andalucía con su correspondiente dotación financiera, al igual que los aprobados para Extremadura y Canarias, un papel más activo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el comienzo de las obras del Eje Central y del Eje del Mediterráneo y la priorización de las conexiones con Andalucía (puerto de Algeciras).
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