* En el suceso perdieron la vida una joven de 26 años, su hija de 3 años, y la pareja sentimental de la primera
La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el día 4 de mayo de 2020 el inicio del juicio con jurado popular contra las siete personas acusadas en relación al triple crimen ocurrido en la localidad de Dos Hermanas en septiembre del año 2017, en el que perdieron la vida una joven de 26 años, su hija de 3 años, y la pareja sentimental de la primera, informa Comunicación Poder Judicial.
Dicha fuente judicial indica que en un auto dictado el día 14 de enero y notificado a las partes hoy miércoles, el magistrado-presidente del juicio con jurado popular fija los hechos justiciables, recoge las calificaciones y alegaciones realizadas por todas las partes y fija para el día 4 de mayo la constitución del jurado, mientras que la vista oral se iniciará el 5 de mayo “en tantas sesiones sucesivas de mañana que sean precisas”.
De este modo, y una vez se constituya el jurado, el día 5 de mayo está prevista la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento; los días 6 y 7 de mayo prestarán declaración los siete acusados, y el día 8 de mayo comenzarán las declaraciones de los testigos (incluidos testigos protegidos), de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación de los hechos y de los peritos, estando previsto que las conclusiones definitivas y los informes finales tengan lugar a partir del 20 de mayo, tras lo que posteriormente el jurado recibirá el objeto del veredicto y se retirará a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los encausados.
El magistrado-presidente acuerda que la prueba de los testigos protegidos, prevista para el día 8 de mayo, se celebre a puerta cerrada “para preservar su seguridad y tranquilidad”, adoptándose las medidas pertinentes “para evitar el contacto visual entre los testigos y acusados”. Asimismo, “no se facilitará a las partes la identidad de los testigos protegidos para preservar su seguridad en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados que denotan una extrema peligrosidad”.
En el auto, el magistrado-presidente admite todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, a excepción de la prueba relativa a la diligencia de reconstrucción de los hechos, inadmitiendo la documental de todas las partes relativa a las declaraciones de los acusados y testigos, así como la parte de los atestados y oficios policiales que contengan declaraciones de acusados y testigos y conclusiones de la Policía Judicial que no sean pruebas periciales.
Asimismo, el magistrado no admite las testificales y periciales de las acusaciones particulares ni de las defensas de los acusados que no haya propuesto el Ministerio Público, “sin perjuicio de que en el plazo de 15 días naturales a partir de la notificación de esta resolución expliquen su trascendencia y relevancia para esclarecer los hechos enjuiciados”.
Los siete acusados, de modo genérico --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, serán juzgados por presuntos delitos de detención ilegal, asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En este sentido, la Fiscalía pide tres penas de prisión permanente revisable –una por cada uno de los tres delitos de asesinato que les atribuye- para 5 de los 7 acusados.
El magistrado-presidente acuerda que la prueba de los testigos protegidos, prevista para el día 8 de mayo, se celebre a puerta cerrada “para preservar su seguridad y tranquilidad”, adoptándose las medidas pertinentes “para evitar el contacto visual entre los testigos y acusados”. Asimismo, “no se facilitará a las partes la identidad de los testigos protegidos para preservar su seguridad en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados que denotan una extrema peligrosidad”.
En el auto, el magistrado-presidente admite todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, a excepción de la prueba relativa a la diligencia de reconstrucción de los hechos, inadmitiendo la documental de todas las partes relativa a las declaraciones de los acusados y testigos, así como la parte de los atestados y oficios policiales que contengan declaraciones de acusados y testigos y conclusiones de la Policía Judicial que no sean pruebas periciales.
Asimismo, el magistrado no admite las testificales y periciales de las acusaciones particulares ni de las defensas de los acusados que no haya propuesto el Ministerio Público, “sin perjuicio de que en el plazo de 15 días naturales a partir de la notificación de esta resolución expliquen su trascendencia y relevancia para esclarecer los hechos enjuiciados”.
Los siete acusados, de modo genérico --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, serán juzgados por presuntos delitos de detención ilegal, asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En este sentido, la Fiscalía pide tres penas de prisión permanente revisable –una por cada uno de los tres delitos de asesinato que les atribuye- para 5 de los 7 acusados.
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