* La letrada de la asociación formada por víctimas de abusos sexuales, afirma que hay que seguir luchando para cambiar el Código Penal
Hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ampliando así el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores hasta que la víctima cumpla los 30 años. Sin embargo, siguen quedando exentos de esta ampliación las personas mayores de edad que han sufrido abusos, por lo que los delitos de abuso sexual siguen prescribiendo para mujeres y hombres a los cinco años, y los de agresión a los diez.
Para Inmaculada Torres, abogada de la Asociación de Víctimas de Abusos Veritas, “el Ejecutivo no se atreve a dar el paso porque no saben cómo darlo. El Gobierno se ampara en el principio de seguridad jurídica, o lo que es lo mismo, se ampara en los derechos del delincuente”. La letrada junto con los miembros de la asociación, ya se reunieron en junio del año pasado con los grupos parlamentarios para hacerles una propuesta de modificación del Código Penal. En ella se contemplaba que el plazo de prescripción no se computase desde el mismo momento en el que se comete el supuesto delito. Es decir, que empiece a contar una vez que la víctima tenga la capacidad suficiente como para llevar el caso ante los tribunales. Algo que, por ejemplo, ya ocurre en la actual legislación de otros países de la UE, como es el caso de Francia e Italia, donde los delitos sexuales prescriben entre los 20 y 30 años. O el propio sistema judicial de EE.UU., donde no prescriben nunca.
“Espero que la ampliación del plazo con los menores sea un primer paso hacia la totalidad de víctimas, tengan la edad que tengan. Hay adultos que una vez cumplidos ya los dieciocho, también tienen esa falta de capacidad tras haber sido víctimas de abusos sexuales. El trastorno que les crea este tipo de delitos es muy grave. Sufren de una incapacidad absoluta que les impide denunciar. Por lo tanto, también se encuentran desprotegidos y desamparados al igual que los menores. ¿Por qué no aplican entonces ese plazo a mujeres y hombres? Creo realmente que es por cuestiones políticas”.
Para Inmaculada Torres este asunto es muy contradictorio, ya que el actual Ejecutivo está muy solidarizado con los movimientos feministas, pero por otro lado no termina de dar el paso a este respecto. Aunque la abogada deja muy claro que esta no es ninguna reivindicación feminista, pues tanto mujeres como hombres sufren de delitos de abusos sexuales. Asegura que es “una lucha de personas”.
Igualmente, la letrada de Veritas piensa que con la inestabilidad política y la incertidumbre de si habrá o no elecciones generales este año, la prescripción de los delitos sexuales no es un tema prioritario en la agenda del Gobierno y que ve muy difícil que la imprescriptibilidad o la ampliación del plazo de prescripción se aborden en este 2019. A pesar de que es algo que “cada vez demanda más la sociedad”. “Hay que recordar que la petición de la prescripción de estos delitos se pide porque atentan contra la dignidad y la integridad de las personas. Otros delitos que también atentan contra la integridad de las personas, como es el caso de los delitos de terrorismo, no prescriben. Y aunque los delitos de abusos sexuales no puedan calificarse como ‘terrorismo’, sí que van contra los derechos fundamentales más inherentes e importantes de la persona. Es increíble que sólo haya un plazo de prescripción de entre cinco y diez años para delitos tan graves. Como mínimo, en adultos, debería ampliarse hasta los veinte años”, sentencia la abogada.
Inmaculada Torres representa actualmente a la única víctima del psiquiatra sevillano Javier Criado cuyos delitos aún no han prescrito. La letrada confía en que Criado acabe siendo juzgado a medio plazo por este caso concreto. “Él se sentará en el banquillo de los acusados. Si finalmente sólo se le juzga por un delito continuado contra la integridad moral le pueden caer dos años y seis meses de prisión. Pero si se admiten los cuatro delitos de lesiones que le hemos pedido, serían muchos años más”.
Por último, la abogada de Veritas cree firmemente que la lucha de la asociación durante 2018 ha tenido un gran efecto. Las reuniones mantenidas con los distintos partidos políticosfuerza y las 100.000 firmas recogidas a través de su campaña en la plataforma change.org, con el lema/hashtag #eldolornoprescribe, han servido para que los políticos se replanteen un principio de modificación en nuestro Código Penal.
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