* Esto desatiende las indicaciones de los estamentos nacionales e internacionales más relevantes en el acceso a la vivienda, que vienen señalando desde hace años que la vivienda pública debe ser en alquiler, con el objeto de posibilitar el acceso a una vivienda asequible y facilitar la movilidad residencial.
“Por mucho que el Gobierno de Espadas pretenda visibilizar grandes avances en vivienda, Sevilla sigue sin una política pública de vivienda que garantice el derecho a techo. Además, sigue fomentando las viviendas públicas para la venta en contra de informes de todo tipo”, ha manifestado Cristina Honorato en un comunicado de prensa.
En total, el nuevo plan municipal de la vivienda reconoce que de las “viviendas programadas” 260 (51%) se van a destinar a la venta y no al alquiler y de las “viviendas previstas” se prevé destinar 227 al alquiler (53%) y 200 (47%) para la venta. “No es solo una cuestión de financiación, sino es apostar por un modelo de vivienda que garantice el derecho a vivienda, o apostar por un modelo que acaba fomentando la especulación como llevamos años sufriendo”, según Honorato, que ha recordado en este sentido el último informe del relator sobre la vivienda acerca de la situación de la vivienda en el Estado español.
“Lo elevado de los precios y la falta de parques de vivienda pública, en particular de viviendas de alquiler, han afectado a grandes sectores de la población”, reconocía en febrero de este mismo año MiloonKothari, relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada, que también reconoce que uno de los elementos más significativos de la política de vivienda de España, en comparación con la de otros países de la Unión Europea, es la prioridad que se ha asignado en los últimos decenios al modelo de la propiedad de la vivienda”.
Por su parte, desde Caritas y la Fundación Foessa apuestan en La vivienda en España en el siglo XXI porque “la totalidad de las ayudas (a promotores y familias) se deben concentrar en la VPO en alquiler y en el fomento de la vivienda en alquiler en general. Las ayudas públicas (directas y fiscales) deben dirigirse exclusivamente a este fin, con objeto de posibilitar una alternativa de vivienda necesaria para colectivos con demandas de alojamiento económicamente accesible y para posibilitar una mayor movilidad residencial”.
Mientras que otras ciudades, como Zaragoza o Barcelona, han logrado financiación muy ventajosa del Banco Europeo de Inversiones (BEI) al apostar plenamente por la vivienda en alquiler y la rehabilitación energética, Espadas debe buscar financiación privada para las viviendas que quiere promover para la venta, ya que ni el plan autonómico, ni el estatal ni el BEI dispone de ayudas para este tipo de promociones. “Espadas prefiere echarse en manos de la banca privada y pedir un préstamo de 56 millones de euros, que apostar por líneas de financiación pública”, ha aseverado la edil.
Por otro lado, desde Participa Sevilla denuncian como a nivel estatal el 42% de la población en vivienda de alquiler -15 puntos por encima de la media de la UE- debe realizar un esfuerzo salarial excesivo –invertir más del 40% de sus ingresos familiares- para costear mensualmente los costes de su vivienda y que el 90% de la población con menos recursos también debe realizar un esfuerzo salarial excesivo. “Ni mucho menos la política de Espadas se basa en una firme defensa de los derechos humanos, ni en la protección de las personas más vulnerables. Detrás de esos datos hay miles de personas con graves problemas para acceder a la vivienda”, según Honorato.
Para concluir el comunicado, Participa Sevilla ha recordado que según el diagnóstico realizado para el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación de Sevilla 2018-2023, existen 707 viviendas públicas vacías, el 10,42% del total. Igualmente, ha denunciado que hay cuatro veces más pisos turísticos en la ciudad que viviendas sociales de EMVISESA, así como que el consistorio hispalense destinó 0 euros del presupuesto municipal de 2017 a las partidas de vivienda.
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