* El Consejo de Ministros extraordinario aprueba una ayuda de 200 euros a personas que residan en hogares con rentas inferiores a 14.000 euros, rebaja al 5% el IVA de la luz y prorroga la reducción de los demás impuestos de la electricidad hasta el final de 2022.
* El Real Decreto-ley prorroga la rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, sube un 15% el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022 y limita al 2% la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual.
* España se convierte en el país de la UE con el menor IVA de la electricidad, una rebaja que beneficiará a 27,7 millones de hogares, pymes y autónomos. La reducción de impuestos vinculados a la luz permitirá un ahorro adicional de 3.600 millones entre julio y diciembre a familias y empresas.
* El presidente del Gobierno subraya que, con las medidas ya aprobadas y las que hoy se ponen en marcha, “vamos a contener en 3,5 puntos el IPC”.
* Anuncia que el Gobierno trabaja en un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por PSOE y UP para que entre en vigor en 2023.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy, para dar a conocer el contenido del Real Decreto-ley por el que se amplían y prorrogan las medidas urgentes adoptadas en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
El objetivo de este decreto es seguir combatiendo la inflación provocada en todos los países de la UE por el encarecimiento de la energía mediante una batería de medidas que concluían el 30 de junio y ahora se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2022.
Con ellas, el Gobierno busca “amortiguar al máximo los efectos económicos y sociales” que ha provocado la agresión de Putin y, “sobre todo, hacer que se repartan de una manera justa”, principalmente “en beneficio de aquellos que más sufren, y en perjuicio de aquellos que obtienen beneficios absolutamente injustificados, como consecuencia del alza de los precios de la energía”, ha señalado el presidente.
“El Gobierno va a mantener el rumbo de modernización de nuestra economía y a la vez seguirá volcado en la protección de las familias y de las industrias y empresas españolas, comenzando por las familias de las clases media y trabajadora de nuestro país, y centrándonos especialmente en aquellas familias que han devenido más vulnerables”. “Eso es lo vamos a hacer durante toda esta crisis, como hicimos durante la crisis de la pandemia”, y “no de palabra, sino con hechos: con las medidas que aprobamos en este real decreto”, ha subrayado.
Contendrán el IPC 3,5 puntos Sánchez ha señalado que, con las iniciativas ya aprobadas hasta el momento y con las que hoy se ponen en marcha, “vamos a contener en 3,5 puntos el alza de los precios, es decir, el IPC”. “Si estas medidas no se pusieran en marcha la inflación sería 3,5 puntos superior a la actual”. Prueba del esfuerzo que está realizando este Gobierno es que este nuevo decreto -según ha apuntado el presidente- supondrá un nuevo esfuerzo extraordinario, desde el punto de vista presupuestario, superior a los 9.000 millones de euros, aproximadamente 5.500 en gasto y 3.600 en reducción de ingresos, como consecuencia de las rebajas fiscales. En total, ha señalado que “hasta final de 2022, el Gobierno habrá invertido con los dos Decretos contra los efectos económicos y sociales de la guerra cerca de 15.000 millones de euros: más de un punto del PIB de nuestro país”.
Rebaja del IVA de la luz al 5%
El decreto reduce el IVA de la luz del 10% al 5% desde el 1 de julio y extiende el resto de rebajas de impuestos vinculados a la electricidad que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. En total, el impacto de esta batería de medidas fiscales supondrá un ahorro para familias, empresas y autónomos de 3.600 millones de euros. Se trata de la mayor rebaja de impuestos de la electricidad de la historia, con un impacto de más de 10.000 millones de euros desde que se implantó en junio de 2021. España tendrá a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor esta rebaja, el IVA a la electricidad más bajo de la UE, después de que el Gobierno lo bajase del 21% al 10% en junio de 2021. La intensificación de esta rebaja tributaria se produce después de que entrara en vigor en abril una nueva directiva europea sobre el IVA que permite volver a bajarlo.
Esta rebaja del IVA reducirá la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios no domésticos. Junto a ello, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en septiembre de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo que permite la normativa de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2022. El decreto también mantiene la suspensión durante todo 2022 del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que antes contaba con un tipo del 7%.
Bono de 200 euros para 2,7 millones de personas
Incluye además la aprobación de un ayuda de 200 euros para rentas bajas. En concreto, la normativa contempla que los asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo puedan percibir un pago único de 200 euros. Se estima que esta medida beneficiará a 2,7 millones personas e incrementará su renta en 540 millones.
Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros.
De esta ayuda se excluye a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, ya que el decreto contempla medidas específicas para estos colectivos que implican incrementos anuales superiores a los 200 euros. Y, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno ya garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo.
El organismo encargado de la gestión de esta ayuda, que requerirá solicitud previa por los beneficiarios, será la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Reducción del precio del transporte público La norma también incluye una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales.
El Gobierno ha aprobado asimismo ayudas directas para reducir el 30% para los abonos transporte prestados por las comunidades autónomas o entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50% de reducción.
Esta medida se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y será financiada íntegramente por el Gobierno de España y podrá ser complementada por las comunidades autónomas. Para financiar la medida se destinarán 221 millones de euros.
De esta forma, un bono mensual de Cercanías en Madrid cuesta 28,9 euros y pasaría a costar 14,45 euros. En Cataluña, el bono mensual pasaría de 25,55 euros a 12,77. Y en Sevilla, de 34,70 a 17,35 euros. Bonificación al carburante Otra de las medidas que se prorrogan es la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a funcionar el 1 de abril y que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022.
La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios. El impacto de esta medida entre julio y diciembre de 2022 se estima en 4.038 millones de euros. Además, se extienden las ayudas directas para el sector gas intensivo a otras actividades de este ámbito, uno de los más afectados por el aumento del precio del gas, que ya se adoptaron en el decreto del pasado 29 de marzo. Esta ayuda directa tendrá una cuantía máxima de 400.000 euros por empresa.
Congelación de la bombona de butano
Otra de las novedades es la congelación del precio de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros. La determinación del precio máximo de venta, antes de impuestos, se efectúa cada dos meses de forma automática con una fórmula matemática. El Real Decreto-ley establece el mantenimiento del precio máximo de 19,55 euros fijado en la última revisión, el pasado 12 de mayo, hasta final de año. Subida del 15% del ingreso mínimo vital y de pensiones no contributivas El Real Decreto-Ley también extiende la subida transitoria del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación hasta el 31 de diciembre.
De esta forma, se reforzarán las rentas de más de 800.000 hogares especialmente vulnerables. Igualmente, se amplía durante tres meses más las medidas de liquidez para sectores especialmente afectados por el encarecimiento de la energía provocado por la guerra, como son el agrícola, el pesquero y el de transporte urbano y por carretera.
En esos casos, las empresas y los autónomos tendrán la posibilidad de aplazar sus cuotas a la Seguridad Social durante tres meses con un interés del 0,5%, siete veces más bajo que el habitual.
Apoyo al sector del transporte
Asimismo, el Gobierno aprueba nuevas medidas de apoyo a la sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera. Se modifica de manera temporal la fórmula de revisión obligatoria del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio de combustible, para que recoja el peso real en los costes de las empresas, en función del tipo de vehículos. Junto a ello, se aprueba una medida temporal y extraordinaria para proporcionar transparencia en la fijación del precio en los contratos de transporte de tracto único, exigiendo que las facturas reflejen de forma desglosada el coste del combustible. Todas estas medidas se aplicarán a los transportes por carretera realizados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
Con estas medidas, que van dirigidas a garantizar la viabilidad del tejido empresarial del sector del transporte de mercancías por carretera, el Gobierno reitera su compromiso con este sector, estratégico para el abastecimiento de la población y la actividad económica del país.
Ayudas al sector primario
Las medidas de apoyo para el sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola se concretan en sendas ampliaciones de 60 millones de euros en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios que suma un total de 317,7 millones, y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola hasta alcanzar los 24,7 millones de euros.
Con carácter retroactivo, la flota española que faena en aguas internacionales y reposta fuera de España también se beneficiará de la compensación por el incremento del precio del combustible prevista en los fondos europeos. Asimismo, la línea ICO-MAPA-SAECA se amplía de 10 a 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta 220 millones de euros y 4.300 beneficiarios.
Por su parte, el aumento de la línea de subvención de avales de SAECA, que aumenta en dos millones de euros hasta 4,7 millones, contará con un potencial de 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.
Bono social eléctrico
Tras el refuerzo del bono social eléctrico, aprobado en marzo pasado, su cobertura se elevó en 600.000 familias, hasta un total de 1,9 millones de hogares. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones. La industria también mantendrá la flexibilización de la contratación de los peajes de suministro de gas, para facilitar a estos consumidores la adaptación de sus contratos a las alzas de precios del gas natural.
Para evitar un encarecimiento en los contratos eléctricos a precio fijo a largo plazo, se prorroga la minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas). Igual que ahora, únicamente resultarán exentos los contratos con precios de coste de energía inferiores a 67 €/MWh.
Limitación de alquileres
La nueva norma prorroga hasta el 31 de diciembre también la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.
En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC.
Suspensión de desahucios a los vulnerables y protección del empleo
El Gobierno mantiene la prohibición de cortar el suministro eléctrico a consumidores en situación de vulnerabilidad y prorroga los descuentos extraordinarios vigentes del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente. Asimismo, el Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.
Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2022.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Ampliación medidas del volcán de La Palma El próximo 30 de junio vencen también una serie de medidas implementadas como respuesta a la erupción volcánica iniciada el día 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja de La Palma. Estas medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021 del 28 de septiembre, cuya vigencia se extendió el 22 de febrero.
Ante el inmediato vencimiento, se vuelve a prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), motivados por la erupción del volcán y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos hasta el 31 de diciembre. También se entienden durante tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. El decreto-ley, además, amplía el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, hasta seis meses después de la declaración del fin de la emergencia.
Prórroga de la rebaja del IVA a las mascarillas quirúrgicas
Por otra parte, el Real Decreto-ley también incluye prorrogar la rebaja del IVA del 4% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables hasta el 31 de diciembre de 2022. Dado que el uso de este tipo de material de prevención contra la COVID sigue siendo obligatorio en ciertos ámbitos públicos, el Gobierno considera oportuno mantener el tipo superreducido de IVA. Impuesto a las eléctricas
Durante su intervención Sánchez ha anunciado también que “el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía”.
Un impuesto que “será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del 2023” avanzó. El nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022. A su juicio, “las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías”. Por eso, añadió que “quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deberán hacer una aportación adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país. Somos una comunidad, no una suma de individuos, y quienes más obtienen deben contribuir más al sacrificio colectivo”, insistió.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que esta iniciativa “sintoniza con la opinión pública de nuestro país y con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y atiende a las recomendaciones que han realizado recientemente distintos organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI”. 12.000 millones de fondos europeos Igualmente, el presidente ha insistido en que, además de seguir volcados en proteger a la población española frente al impacto de la inflación, el Gobierno va a mantener el rumbo de transformación y modernización con los fondos europeos, siguiendo así la hoja de ruta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ha mostrado su confianza en que, “a lo largo de la próxima semana, la Comisión Europea apruebe el tercer desembolso de fondos europeos por valor de 12.000 millones de euros a nuestro país”, con lo que serán ya 31.000 millones de euros los recibidos por España gracias al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
En este punto, ha destacado que estanos siendo “el país más avanzado de la UE en la ejecución de los fondos europeos y vamos a seguir así, desplegando toda la oportunidad que nos ofrecen” para reindustrializarnos, llevar a cabo las “transiciones ecológica y digital”, y “para ganar en independencia energética, que es lo que está poniendo en solfa Putin con sus cortes de gas y la guerra en Ucrania”.
El Real Decreto-ley aprobado hoy incluye medidas propuesta por los ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Ganadería y Pesca; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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