martes, 28 de junio de 2022

Arranca el nuevo SIRAJ-2, más ágil, accesible e interoperable

 * Unifica todas las aplicaciones que dan soporte a cada uno de los registros administrativos de la Administración de Justicia.
* El SIRAJ gestionó en 2021 más de 355. 000 sentencias firmes en penados; cerca de 32.500 medidas cautelares; y unas 126.000 inscripciones para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género.

El lunes 27 de junio ha entrado en funcionamiento SIRAJ 2, la nueva versión del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) que unifica en un sistema todas las aplicaciones que dan soporte a cada uno de los registros, aúna todas las funcionalidades comunes, preservando las que son específicas, e integra en una única base de datos toda la información repartida hasta ahora entre varias.
Este sistema de información, cuyo ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, tiene como objetivo principal apoyar la actividad de los órganos fiscales, del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otros órganos administrativos en virtud de sus competencias.
El nuevo sistema incluye los registros de Penados, de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, de Medidas Cautelares, de Requisitorias y sentencias No Firmes, de Rebeldes Civiles, de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, y de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.
Con la implantación de SIRAJ 2 han quedado todos los registros plenamente integrados, recogiendo un total de 8,5 millones de causas judiciales que se corresponden con un total de 4,5 millones de investigados. Igualmente, están recogidas sobre 700.000 víctimas de delitos, lo que favorece su protección. Actualmente tiene dados de alta 33.790 usuarios, entre los que se encuentran órganos judiciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros.
En cuanto a la migración entre ambas aplicaciones, a día de hoy ya se han trasladado 9.121.000 de intervinientes o causas penales, correspondientes tanto a investigados y condenados como a víctimas de delitos.
El SIRAJ, una herramienta básica para el funcionamiento de la Administración de Justicia, gestionó en 2021 más de 355. 000 sentencias firmes en penados; cerca de 32.500 medidas cautelares; y en torno a 126.000 inscripciones para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género.
Desde el año 2015, se han remitido un total de 1.324.000 envíos al Ministerio del Interior de requisitorias, medidas cautelares y penas de violencia de género y doméstica. Además, en la actualidad hay 380.000 sanciones activas inscritas en el SIRAJ y puestas en conocimiento de la Dirección General de Tráfico.
También, ha permitido la resolución de 4,9 millones de solicitudes telemáticas de certificación de antecedentes penales y sexuales al año. De estas, el 97,82% son resueltas de forma inmediata, mientras que el resto se comunican por un SMS al solicitante, en un plazo medio de 0,8 días laborables.
Las innovaciones de la nueva versión, SIRAJ-2, presentan una doble vertiente: por un lado, la mejora y actualización tecnológica de un sistema que fue creado en 2009, evitando problemas de obsolescencia; por otro,

pasa a ser un sistema orientado al dato, consolidado e interoperable, con todas las ventajas que eso implica.
Entre las mejoras derivadas de estos cambios cabe destacar la integración de las distintas bases de datos, evitando posibles discrepancias entre ellas; la agilización de los sistemas de grabación de los procedimientos; la mejora de la consulta del fondo documental de requisitorias o automatizaciones en relación a la cancelación de las inscripciones en el Registro de Responsabilidad Penal de los Menores, entre otros.
Asimismo, el nuevo SIRAJ se convierte en nodo de interoperabilidad, con lo que puede integrarse con todos los sistemas de gestión procesal del Estado, permitiendo el envío de avisos o información que se integren en dichos sistemas, así como la tramitación automatizada de consultas o cargas de información, eliminando posibles errores de transcripción y permitiendo un incremento de eficiencia de las administraciones públicas.

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