El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Manuel García, ha exigido este jueves al Gobierno de Zoido que, al menos, la mitad de las 80 viviendas protegidas que Emvisesa pretende ofertar en alquiler en la barriada de Nuevo Amate sean destinadas a familias en riesgo de exclusión social.
El concejal de IU considera que “esto es lo mínimo que el Ayuntamiento debe hacer” teniendo en cuenta el “grave problema de emergencia habitacional” que en estos momentos existe en la capital hispalense. De ahí que su grupo político vaya a elevar una moción urgente al Pleno de este viernes, en la que “defenderemos que un 50% de estas VPO sean para personas en riesgo de exclusión”.
“Se trata de una propuesta justa, necesaria y perfectamente viable”, ha señalado García, quien “ve muy extraño” que, para oponerse al realojo de las familias de la Corrala Utopía por parte de la Junta de Andalucía, Zoido lleve semanas proclamando que en Sevilla hay 388 familias en proceso de intervención social (baremadas y a la espera de adjudicación de viviendas) y, sin embargo, “ahora se olvide de ellas”.
Al hilo de esto, el portavoz de IU ha aclarado que el argumento esgrimido por el Ayuntamiento, en relación con la Corrala Utopía, “nada tiene que ver” con la solicitud planteada por la Consejería de Fomento y Vivienda, que lo que le requiere son informes sociales para un realojo provisional, no para una adjudicación. Pero, dejando a un lado esta “equivocación” y la confusión a la que Zoido juega permanentemente con este asunto, con su respuesta a la Junta, el alcalde ha puesto de relieve la existencia de 388 familias en emergencia social, a las que hay que atender de manera urgente. “Y ahora estamos ante una magnífica oportunidad para reducir esa dramática cifra que no debemos desaprovechar”, ha remachado García.
Desde la federación de izquierdas afirman, además, que, en contra de lo que plantea el Gobierno de Zoido, “no hay ninguna dificultad técnica” para destinar un porcentaje de las 80 VPO de Nuevo Amate a familias en situación de especial vulnerabilidad. “Lo que hace falta es voluntad política”, ha subrayado García, quien recuerda que en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 estos pisos ya estaban calificados como viviendas de promoción pública para la integración social y figuraban dentro del capítulo de viviendas para personas con riesgo de exclusión social. “Por tanto, sólo hay que aplicar la legalidad”, ha aseverado.
En este sentido, García ha tildado de “muy desafortunadas” las declaraciones realizadas ayer por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, en las que aseguraba que el Ayuntamiento estudia ahora “un portillo legal” para “saltarse el registro de demandantes de VPO” y “anteponer” en la lista a las personas en situación de especial necesidad. “No sabemos que ha querido decir con esas palabras. ¿Quizá que para hacer bien las cosas, la administración pública debe esquivar la ley?”, se ha preguntado el portavoz de IU.
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