Comisiones de Hacienda y Administración Pública, Presidencia y Administración y Justicia e Interior en el Parlamento de Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha comparecido ante la comisión parlamentaria correspondiente para informar, en primer lugar, sobre la fusión en una sola empresa de las sociedades Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Jiménez Barrios ha indicado que esta fusión pretende una gestión más eficiente del dinero público y que "no supondrá despidos ni provocará recortes en los derechos laborales", pero sí conllevará una reducción de directivos. 

Respecto a la autonomía local, Jiménez Barrios ha señalado que desde el inicio de la crisis, la financiación incondicionada que la Junta de Andalucía ha transferido a los ayuntamientos andaluces se ha incrementado en un 275 por ciento, y ha cifrado en 2.825 millones de euros la financiación incondicionada a las corporaciones locales desde el año 2008. En cuanto a la deuda con los ayuntamientos, el consejero cifró en 216'7 millones de euros la cantidad adeudada por la Junta, frente a los 401'9 millones que los ayuntamientos adeudaban a la Comunidad Autónoma. Jiménez Barrios afirmó que mientras que la deuda de las corporaciones locales con la Comunidad Autónoma evolucionó "de forma irregular", la Junta ha reducido su deuda en un 20 por ciento en los últimos tres años.
Ante la comisión de Hacienda y Administración Pública ha comparecido Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, para presentar el informe de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial correspondiente a 2013, presentar la Memoria correspondiente a 2014 e informar sobre las actuaciones para 2015. Respecto a la Memoria de actividades de 2014 aseguró que se habían finalizado 45 informes y que un total de 30 actuaciones aún se encuentran en distintas fases de fiscalización. López informó que para el año 2015 la Cámara de Cuentas tiene programado un total de 34 trabajos de fiscalización, entre ellos el correspondiente al control de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas en este año.
Por su parte, María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, ha informado a la Comisión sobre el desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio, y ha anunciado que propondrá al Ministerio de Hacienda una metodología para la aplicación de la regla de gasto que sea "compatible con un incremento de los recursos destinados a los servicios públicos fundamentales ya a la inversión y la creación de empleo" en el presupuesto de la Comunidad para 2016. La consejera ha explicado que en los próximos días enviará una propuesta metodológica para la aplicación "correcta" de la regla de gasto que no entre en contradicción con la normativa europea ni con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, Montero ha manifestado que Andalucía es la Comunidad con un mayor número de entes del sector público eliminados desde el año 2011. Así, afirmó, a los 132 suprimidos con que se cerró el año 2013, se suman otros 18 extinguidos o en vías de extinción, que elevan a 140 el número de entidades del sector público que han sido eliminadas, lo que lleva aparejado una reducción del 11% en su financiación presupuestaria.
En la comisión de Justicia e Interior ha comparecido Emilio de Llera, consejero del ramo, que informó sobre las actuaciones de la Junta ante menores infractores, la situación de los juzgados de lo Mercantil, y las coberturas de vacantes en la Administración de Justicia de Andalucía.
En este sentido, de Llera informó que su Consejería está realizando un importante esfuerzo para garantizar que las plantillas estén cubiertas en su totalidad, cubriendo las plazas mediante los procedimientos establecidos, y ha destacado que el departamento que dirige dispone de un crédito presupuestario que le permite autorizar 130 refuerzos para los órganos judiciales andaluces. El consejero también informó a la comisión sobre la adaptación del edificio Viapol para albergar los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, acondicionando sus instalaciones y dotándolo de medio materiales y técnicos para esta función. (Fuente: Parlamento andaluz).