lunes, 16 de diciembre de 2013

La grupos de oposición en el Ayuntamiento exigen al alcalde Sanz (PP) explicaciones sobre las irregularidades en Tomares

* Los tres grupos de la oposición, encabezados por PA e IU, han solicitado un Pleno para que el alcalde, José Luis Sanz, explique la presencia de la Policía Judicial en el Ayuntamiento así como los hechos denunciados por la Fiscalía

Los grupos de la oposición de Tomares –PSOE, PA e IU- han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para este próximo jueves a las 9 de la mañana a fin de, según afirman, “exigir al alcalde de Tomares que dé las explicaciones oportunas sobre lo que está pasando en nuestro Ayuntamiento. Sabemos que a principios de octubre se presentó la Policía Judicial en el Consistorio, pero desconocemos qué han requerido del Gobierno municipal, al tiempo que hemos tenido conocimiento de que el PP habría podido cambiar ordenadores de alguno de los concejales a los que la Fiscalía ha imputado recientemente la comisión de los delitos de prevaricación y de malversación”.
“No tenemos seguridad alguna sobre si se están destruyendo pruebas o no, y el alcalde tiene la obligación de informar a los concejales de la Corporación por transparencia si aún le queda algo de dignidad al señor Sanz. Ha transcurrido casi un año desde que el PP ordenó que nos retiraran las facturas municipales por parte de la Policía Local a los concejales de la oposición, tratando de ocultar muchísimas más irregularidades de las que hemos denunciado, y hemos esperado dos meses a ver si el alcalde nos daba explicación alguna sobre la intervención de la Policía Judicial en el Ayuntamiento. En este tiempo el alcalde está ausente de los problemas de Tomares, no da respuestas a las sospechas de corrupción que hay en el municipio y está tratando de ocultarse tras su papel de número dos del PP andaluz, mientras ignora que los vecinos y vecinas le votaron como alcalde de Tomares”, afirman los concejales de la oposición.
Concluyen que “tenemos un alcalde tan cobarde que se ha mostrado absolutamente incapaz de dar la cara ante los vecinos y vecinas de Tomares para aclarar todo este asunto, lo que nos ha llevado a recoger las firmas que exige la Ley para poder convocar este Pleno y obligar a Sanz a comparecer ante el Pleno de Tomares, ante los concejales que representamos a los vecinos y vecinas de Tomares. De hecho el Pleno ha sido convocado en la biblioteca municipal y no en el Ayuntamiento, para evitar que el numeroso público que viene a protestar a los Plenos últimamente pueda asistir, además de convocarlo en horario de mañana cuando ya hemos reiterado los concejales de la oposición que queremos que se hagan por la tarde para facilitar, como se hacía antes, la mayor asistencia de vecinos y vecinas”.
Las denuncias realizadas la primavera pasada por los grupos de la oposición tomareña –PA e IU- por las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno local de Tomares que preside José Luis Sanz, fueron acogidas por la Fiscalía a finales de noviembre interponiendo ésta, a su vez, denuncia penal ante los Juzgados de Sevilla por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos contra los concejales del PP Juan Campos, Mercedes Fuentes y Eloy Carmona, éste último Primer Teniente Alcalde de Tomares y Portavoz del PP en la Diputación Provincial de Sevilla. El día 26 de noviembre esta denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla, cuya Jueza titular ha citado a un amplio elenco de concejales, exconcejales del Partido Popular, técnicos municipales, funcionarios municipales y diverso personal laboral, a fin de prestar declaración este próximo viernes, es decir, un día después del Pleno convocado.

Informes que nunca existieron
La denuncia versa sobre la inexistencia de unos informes que, como reflejaba la contabilidad, habían sido pagados al actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para supervisar e inspeccionar las áreas de limpieza y vías y obras, por los que cobró un sueldo de 975 euros al mes, y 150 euros más por cada informe de “especial complejidad”, según reza el contrato firmado entre Campos y Sanz en 2007. De estos informes se llegaron a pagar más de cien en dos años, a pesar de que el contrato no se podía prolongar por más de uno y la gran mayoría de los mismos no tenía más de una línea.

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