El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y la portavoz adjunta de Participa Sevilla en el Consistorio hispalense, Cristina Honorato, han mantenido este viernes una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para evaluar la problemática del acceso al agua que sufren muchas familias y los pasos que se están dando desde las administraciones públicas para garantizar este derecho universal.
González Rojas y Honorato han trasladado al Defensor del Pueblo las reivindicaciones de la campaña ‘¡Ni un día más una vivienda sin agua!’ puesta en marcha por IU y Participa Sevilla, junto a otros colectivos sociales, así como los avances logrados a raíz de esta iniciativa en
la capital hispalense, donde recientemente el Pleno del Ayuntamiento y el consejo de administración de Emasesa han aprobado una serie de medidas encaminadas a garantizar el derecho al acceso al agua y al saneamiento en la ciudad.
Los concejales de IU y Participa Sevilla han valorado muy positivamente el interés mostrado por Maeztu y su disposición a implicarse activamente en la consecución de los objetivos de esta campaña (cambios en el reglamento de Emasesa para prohibir los cortes de agua, garantía de un suministro mínimo vital a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia social,…), en línea con el compromiso que esta institución viene demostrando en la defensa de los derechos humanos.
Para ambas formaciones esta labor es fundamental porque la presión debe continuar para que los compromisos logrados en las últimas semanas se lleven a cabo y no queden en papel mojado. Igualmente, han coincidido con el Defensor del Pueblo en la importancia de
informar a todas las oficinas de Servicios Sociales de estos cambios, así como que se mejore la difusión de los derechos que cualquier persona tiene.
Tanto Rojas como Honorato han compartido también con Maeztu la necesidad de modificar a nivel andaluz cuanto antes el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, para introducir el reconocimiento explícito del derecho humano al agua como derecho inalienable e inviolable, incluyendo así el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro por su situación de precariedad habitacional, y a recibir un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera.
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