miércoles, 30 de enero de 2013

Inaugurada la Glorieta Víctimas del Terrorismo en el 15º aniversario del asesinato del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa


El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha descubierto esta tarde en la avenida de la Ppaz de nuestra ciudad una placa con el título de “Rotonda Víctimas del Terrorismo”, dentro de los actos que se han programado en Sevilla en recuerdo y en homenaje al que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz, que fueron asesinados por la banda terrorista ETA hace ahora 15 años. En este acto, entre otras personalidades, estaban presentes el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril y la eurodiputada,Teresa Jiménez Becerril, hermana del recordado concejal asesinado por ETA. .
Hay que recordar en este 30 de enero de 2013, que Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, ambos de 37 años, fueron asesinados en la madrugada del día 30 de enero de 1998 en la calle Don Remondo del céntrico barrio de Santa Cruz, en la esquina con la calle Cardenal Sanz y Flores, cuando regresaban a su domicilio tras haber cenado fuera, al recibir sendos disparos en la cabeza por parte de varios etarras.
Alberto Jiménez-Becerril había aparecido hacía dos años en una lista intervenida a ETA por la Policía, aunque no había recibido ningún tipo de amenazas. El matrimonio iba a cumplir su décimo aniversario de bodas y contaban con tres hijos, de edades entonces comprendidas entre los cuatro y los nueve años.
Por este asesinato, fueron procesados los miembros del Comando Andalucía de ETA, Mikel Azurmendi, José Luis Barrios Martín y Maite Pedrosa. Así, Azurmendi y Barrios fueron condenados a 60 años como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del concejal y su mujer, mientras que Pedrosa fue condenada a diez años de prisión por un delito de conspiración para cometer homicidio terrorista, al no haber participado directamente en la acción terrorista. El Tribunal Supremo elevó después la pena a 12 años.

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