El Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus servicios jurídicos, se encuentra ultimando un escrito para su presentación ante la Fiscalía para denunciar posibles graves irregularidades administrativas, así como la posible existencia de líneas de comercialización de productos ocultas por parte de la empresa Magrudis a las administraciones. Asimismo, se ha trasladado la falta de colaboración y la ocultación de datos por parte de la empresa, que tiene su principal línea de actividad paralizada por orden municipal desde el 14 de agosto, que se amplió a toda la empresa el día 19 y con orden de retirada de todos sus productos de los establecimientos comerciales desde el 20 de agosto por parte de la Junta de Andalucía.
En el escrito que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía se detalla la existencia en el mercado de productos que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de las dos administraciones. Concretamente, durante los últimos días, se han detectado en inspecciones a comercios y en los albaranes chorizo y chorizo picante que, según la información facilitada por el empresario, no estaban ya en distribución. También se ha detectado la comercialización de morcilla y, en la inspección realizada a establecimientos que comerciaban con Magrudis, se ha detectado que se ofertaban también otros productos preelaborados, situación que está siendo objeto en estos momentos de investigación y que ha sido comunicada a la Junta de Andalucía. Del mismo modo, se han detectado ofertas de comercialización de productos ocultas a las administraciones por parte del empresario. No obstante, no hay indicio alguno en estos momentos de que esos productos estén contaminados y afectados por la crisis alimentaria por listeria monocytogenes.
El 14 de agosto, los servicios municipales, a instancias de la Junta de Andalucía, realizaron una inspección a la empresa tras constatarse el positivo en listeria monocytogenes de una carne mechada elaborada por Magrudis. Se decretó ese día la suspensión cautelar de la actividad de elaboración y venta de carne mechada así como todos los artículos que se fabrican en esa línea. Un día después, el día 15, la Junta de Andalucía decretó la alerta sanitaria por la carne mechada. A instancias de la Delegación Territorial de Salud se tomaron varias muestras de carne mechada.
Esta suspensión de la actividad fue posteriormente ratificada y ampliada a cualquier actividad de la empresa el día 19 de agosto. Ese mismo día, se remite instrucción de la Junta de Andalucía para tomar muestras del resto de productos existentes en la empresa, actuación que se realiza el día 20 de agosto cuando se tomaron muestras de todos los productos existentes en las naves del parque empresarial: carne mechada, crema de carne mechada, lomo al pimentón, lomo al jerez, chicharrón, manteca colorá, zurrapa de lomo, zurrapa de hígado y pringá. De estos, han dado positivo hasta el momento la carne mechada, el lomo al pimentón y el lomo al jerez. El chicharrón, manteca colorá, la zurrapa de lomo, la zurrapa de hígado y la pringá han dado resultados negativos.
Durante las inspecciones a establecimientos y la revisión de los productos que se han inmovilizado y devuelto se ha detectado la presencia de chorizo y morcilla cuya distribución negó el titular de la empresa Magrudis, situación que se pondrá en conocimiento de la Fiscalía.
Del mismo modo, el pasado 22 de agosto se comunicó a la Junta de Andalucía el escrito detectado por parte de los inspectores registrado en la Junta de Andalucía con fecha de entrada el día 31 de julio en el que la empresa comunicaba a la Consejería de Salud “la ampliación de sus instalaciones tras haberse producido la anexión de la nave contigua y haber realizado una reforma y redistribución del espacio destinado a la producción y elaboración de los productos”, documento que se hizo público el día 23.
El Ayuntamiento realizó desde ese momento una revisión interna para evaluar si esta reforma y ampliación de la empresa contaba con los permisos y autorizaciones pertinentes. Se inicia entonces una investigación en la que se aprecian indicios de irregularidades administrativas graves que se pondrán en conocimiento de la Fiscalía.
En primer lugar, la empresa Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 sin contar con la documentación correspondiente y necesaria por parte del Ayuntamiento de Sevilla, careciendo en ese momento de la licencia de actividad de acuerdo con la información recabada hasta el momento. La presencia en este registro avalado por la Consejería de Salud se comunica a los servicios municipales de Consumo por parte de la administración ese mismo año, de forma que se abre un procedimiento de inspecciones que se producen en 2016 y 2017 hasta que la empresa instala los sistemas de autocontrol que, en materia de consumo suponen su paso a la categoría C y un modelo más flexible de inspección de las administraciones de acuerdo con las directrices europeas, asumiendo la empresa la responsabilidad íntegra de la producción.
Sin embargo, de acuerdo con las revisiones de documentación realizadas desde el pasado día 23 se ha constatado que hasta diciembre de 2018 la empresa no presenta en el Ayuntamiento de Sevilla, en el servicio de Protección Ambiental, una declaración responsable para el inicio de actividad. En este documento, que de acuerdo con la normativa permite el inicio de la actividad avalado por un técnicos con la responsabilidad por parte del empresario, se han detectado deficiencias de forma y de fondo, de modo que ha sido declarado sin efecto y, por tanto, anulado de acuerdo con el informe realizado el día 26 y ratificado el día 28 en el marco de un expediente abierto de oficio en el área de Medio Ambiente.
La empresa ha sido en el día de hoy objeto de nuevas inspecciones por parte de los servicios municipales en las que se ha detectado que las características técnicas de la empresa y su actividad no se corresponden con la declaración responsable presentada en diciembre de 2018.
Del mismo modo, no se ha localizado escrito alguno de petición de licencia o de declaración responsable con técnico que autorice las reformas que constan en el escrito presentado el 31 de julio por la empresa ante la Junta de Andalucía, situación que también se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de acuerdo con los servicios jurídicos.
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