El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha denunciado que
las decisiones trasladadas por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) suponen una "discriminación sobre Andalucía" que "pone en
riesgo" la sanidad y la educación públicas.
Griñán ha calificado de "ataque clarísimo" a los intereses de
Andalucía el reparto de los límites de endeudamiento entre las comunidades
autónomas establecido por el Gobierno central en la reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha exigido en nombre de los andaluces
"igualdad y trato justo".
El presidente andaluz ha anunciado que el Consejo de Gobierno
aprobará mañana, 2 de agosto, en una reunión extraordinaria, la interposición de
los recursos jurídicos que sean necesarios para "defender los intereses
generales de Andalucía".
La Junta requerirá al Ejecutivo central la "revisión" de estas
medidas, que perjudican "notablemente" a la comunidad y solicitará, de forma
previa a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo mes de
septiembre, la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlamento de
Andalucía con la intención de que la comunidad "asista a dicha Conferencia con
una voluntad, a ser posible unánime, de la Cámara en defensa de los intereses
que compartimos".
Asimismo, el presidente de la Junta ha explicado que el Gobierno
andaluz va a iniciar una ronda de reuniones con los agentes económicos sociales
de la comunidad "al objeto de conformar un acuerdo social común frente a lo que
consideramos como un ataque frontal a la educación y a la sanidad públicas y,
muy en particular, al bienestar de los andaluces y andaluzas".
Perjudica a las comunidades que redujeron su
deuda
Los acuerdos del CPFF ponen "en peligro" la sanidad, la educación y
los servicios sociales públicos, ha dicho Griñán, quien además ha señalado que
perjudican a las comunidades que, como Andalucía, redujeron su deuda y
benefician a aquellas que la aumentaron.
Los dos puntos sobre el PIB que Andalucía tiene que recortar, según
comunicó el Gobierno en el CPFF, suponen un recorte de 2.735 millones que
abocaría a la región a cerrar 19 hospitales, o a despedir 60.000 empleados
públicos o a cerrar la mitad de colegios de la región.
Por tanto, no se trata, según el presidente de la Junta, "de una
contienda entre la Administración central y las comunidades autónomas", sino de
"un ataque generalizado contra la educación y la sanidad públicas" cuyo
"destinatario fundamental es Andalucía".
Esta decisión fue tomada "sin anunciarla previamente, al menos a la
Junta de Andalucía" y choca "contra la lógica más elemental, la que nos dice que
son las CCAA que tienen un mayor endeudamiento las que deben hacer un esfuerzo
por reducirlo", en vez de las regiones que, como Andalucía, "han hecho sus
deberes y tienen hoy menor endeudamiento del que se había fijado como
objetivo".
Griñán le trasladó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la
reunión que mantuvieron el 30 de julio, que "España se ha comprometido a unos
objetivos que Andalucía apoya" y le facilitó un cuadro de distribución del
déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas que el jefe
del Ejecutivo se comprometió a estudiar.
Sin embargo, el presidente de la Junta ha criticado que "la
respuesta vino en el CPFF", donde "no solamente no se modificó la distribución
del déficit, que ya de por sí es lesiva para la sanidad y la educación, sino que
además incluyó una cláusula de nivel de endeudamiento de la que nadie nos había
avisado".
"Andalucía ha mostrado siempre su voluntad de cumplir y siempre
vamos a defender el valor de España", ha dicho Griñán, que ha puesto de
manifiesto también que "discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a
España".
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