* Hasta mayo, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 4,20% del PIB
* Las CCAA moderan su déficit hasta el 0,08% del PIB por la financiación procedente del Estado para garantizar su liquidez frente a la pandemia
* Los Fondos de la Seguridad Social marcan un déficit del 1,15% del PIB debido al mayor gasto en prestaciones derivado de la crisis
El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir esta emergencia y mitigar la crisis.
En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta junio, que se sitúa en el 4,36% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de mayo, que se sitúa en el 4,20% del PIB.
Todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para la gestión de la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.
DÉFICIT DEL ESTADO (JUNIO)
En la primera mitad del año el déficit del Estado se sitúa en 48.767 millones, lo que equivale al 4,36% del PIB. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 14,4% debido a la menor actividad económica como consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas para combatir el virus. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 23,7% por el aumento de programas sanitarios, así como por las mayores transferencias corrientes a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.
Asimismo, como se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado
Los recursos no financieros se sitúan en 81.018 millones, lo que supone un descenso del 14,4% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de junio están afectados, al igual que en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Los recursos impositivos, que representan el 81,3% el total, se sitúan en 65.837 millones, lo que supone una disminución del 18,1%. Retroceden prácticamente la totalidad de las figuras tributarias. Destacan por un lado el descenso del 15,4% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocede un 18,1%, hasta los 33.634 millones. Este comportamiento se debe al menor consumo por la caída de la actividad y a alguna de las medidas tomadas para combatir la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes sanitarios necesarios en la lucha contra el coronavirus.
Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden un 23,5%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 10,6% y el IRPF un 28,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta, además del parón de la actividad. Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 57,6% y las cotizaciones sociales un 1,2% fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.
En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 31,7% así como los intereses, que disminuyen un 18,7%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos de Loterías y Apuestas del Estado y Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE en 2020
Empleos no financieros del Estado
Hasta junio los empleos no financieros han ascendido a 129.785 millones, cifra superior en un 23,7% a la registrada en la primera mitad de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las Comunidades Autónomas, tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril como por los anticipos a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio 2018. El objetivo de estas medidas es garantizar liquidez a las CCAA para que puedan afrontar la pandemia y seguir prestando servicios públicos de calidad.
Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las Comunidades Autónomas han recibido, entre otros, 206 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación y 447 millones de subvenciones al Plan estatal de vivienda.
Entre el resto de operaciones, destacan los cerca de 1.000 millones de gastos relacionados con la pandemia, de los que 806 millones se registran en los consumos intermedios, además de la transferencia realizada a la Seguridad Social para el equilibrio económico de sus cuentas tras la pandemia.
Así, los consumos intermedios crecen un 22% por los gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la COVID-19, sin correspondencia en 2019. La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,9% debido a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.
Las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 199 millones, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 4,2%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.
Destaca también el incremento de la inversión en un 78,5%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).
Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 11,8% de los intereses, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 72,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.
DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (MAYO)
Hasta mayo de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 46.954 millones, lo que equivalente al 4,20% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 46.954 millones de euros, equivalente también al 4,20% del PIB.
Administración Central
La Administración Central ha registrado un déficit del 2,96% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 55 millones hasta mayo.
- El déficit del Estado en mayo equivale al 2,95% del PIB, 17.425 millones.
- Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 148 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,01% del PIB.
Comunidades Autónomas
La Administración regional ha registrado un déficit de 929 millones, lo que supone el 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Este mejor comportamiento se debe a diversas medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CCAA y dar respuesta a la emergencia provocada por la COVID-19.
En concreto, esta evolución es consecuencia del adelanto de la financiación procedente del Estado vía anticipos a cuenta del sistema de financiación; al avance de hasta el 50% de la liquidación definitiva de 2018; a la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, así como de los ingresos recibidos del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales y del programa de prestaciones sanitarias y farmacia. En conjunto han supuesto en torno a unos 6.900 millones sin correspondencia en el mismo periodo de 2019.
Asimismo, los ingresos se han incrementado un 9,7%. Cabe destacar el aumento de los ingresos impositivos en un 4,9%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 17,7%, y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 17,4%, por los mayores recursos del Estado.
Hay que tener en cuenta que tanto en 2019 como en 2020 ha habido prórroga de los PGE, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se ha procedido a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.
Los Impuestos sobre la producción y las importaciones retroceden un 25,7%, destacando el descenso del 21,6% del ITP y AJD.
Dentro del gasto no financiero, que aumenta un 4,2%, los consumos intermedios crecen un 7,2%, debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 4,5% por la subida retributiva general y por el impacto de la COVID hasta mayo. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 3,0%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, del gasto en farmacia y en conciertos educativos.
Las subvenciones se elevan un 2,5% y las prestaciones sociales un 8,7%. Por último, la inversión crece un 2,1% y las transferencias entre AAPP aumentan un 5,0%. Hasta la fecha, el único gasto que descienden son los intereses, que caen un 13,9%.
Todas las CCAA (salvo Madrid, Navarra y Madrid) registran en mayo un comportamiento más positivo que hace un año. De hecho, nueve regiones logran superávit y una región tiene equilibrio presupuestario.
De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, el impacto derivado de la COVID-19 alcanza los 2.876 millones en gasto en sanidad, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Comunidades Autónomas
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 1,15% del PIB. Este deterioro responde fundamentalmente a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, especialmente sobre las prestaciones sociales. Los recursos se han reducido un 0,8% frente a los gastos no financieros que aumentan un 24,2%.
El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la COVID-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en torno a 11.600 millones, un 72,4% de todo el incremento registrado.
El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 5.105 millones, un 0,46% del PIB. Los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzan un volumen de 50.617 millones, con una disminución del 1,0% respecto a los de finales de mayo de 2019. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se sitúan en 59.476 millones, un 8,9% más que el año anterior.
El Servicio Público de Empleo Estatal ha obtenido un déficit de 7.640 millones a finales de mayo. Las cotizaciones sociales decrecen un 2,3% frente a las prestaciones por desempleo que crecen hasta mayo un 106,8%.
La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTES por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas supone un gasto a finales de mayo cercano a los 6.500 millones, con un número de beneficiarios de prestaciones de 2.661.878 personas, cifra que supone el 53,8% de la totalidad de los beneficiarios de prestaciones de desempleo.
Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascienden a 1.637 millones, un 54,3% más que el año anterior, por las exenciones de cuotas y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados.
Por último, el FOGASA registra un resultado negativo de 151 millones de euros.
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