02/08/2016
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 que tendrá como objetivos principales la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación. La nueva planificación, que prevé el desarrollo de 188.545 actuaciones, movilizará una inversión pública cercana a los 730 millones de euros. Con un enfoque marcadamente social, la estrategia se adapta a las condiciones económicas y sociales actuales y centra su esfuerzo en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda.
El Plan, que cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria, contará con una aportación autonómica de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles. A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que expira este año. La Junta prevé, no obstante, que se mantenga la financiación adicional procedente del Gobierno central, hasta alcanzar los 183,57 millones en el horizonte de 2020.
La nueva planificación, la primera que se elabora en el marco de la Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, se configura como el instrumento para coordinar las políticas sociales en esta en materia y para fomentar la actividad económica y la generación de empleo en el sector de la construcción, muy castigado por la crisis.
El plan aboga por el fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, al resultar el modelo más demandado en el 70% de los casos y el que mejor se adapta a la realidad socioeconómica actual. En este sentido, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones con una inversión de 58,53 millones. La mayor parte, hasta 50 millones, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40% de la renta del alquiler. La convocatoria de 2016, abierta para la presentación de solicitudes hasta el 5 de agosto, cuenta con una dotación de 16,3 millones.
Del mismo modo, se destinarán ocho millones para ayudas a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que fomenten el alquiler asequible para familias desfavorecidas. Igualmente se incentivará la intermediación de agentes colaboradores con respecto a la bolsa de viviendas vacías y edificios deshabitados existente en el mercado. En esta línea se incluye el reciente acuerdo firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB,) que permitirá a la Junta gestionar 400 viviendas vacías y en desuso.
En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan pretende facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad más sostenible con actuaciones que beneficiarán a más de 96.000 personas en materia de eficiencia energética, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial. El 51% del parque residencial andaluz tiene más de 35 años de antigüedad.
Este ámbito, dotado con 228 millones, se divide en tres grandes líneas de ayudas. La primera, a la rehabilitación residencial, incluye la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas con una población estimada de 95.000 personas. La Junta publicará en breve una nueva convocatoria con 16,07 millones de euros para comunidades de propietarios para este año. Por otro lado, se incentivarán, con 5 millones de euros, obras de mejorar de la seguridad y adecuación funcional de viviendas donde residan personas mayores o con discapacidad.
En la línea de eliminación de infravivienda se concederán ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad a instancia de los residentes y en colaboración con los ayuntamientos, con una previsión de favorecer a casi 4.000 personas.
Para rehabilitación urbana se prevén 18 millones de euros en intervenciones integrales y de regeneración de espacios públicos degradados o con graves problemas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida a cerca de 20.000 personas. Igualmente, se recoge una dotación de 37 millones para la adecuación y rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano y patrimonial hasta 2020.
El plan incluye el cumplimiento de los compromisos adquiridos en planes anteriores, como las actuaciones para la instalación de ascensores acogidos al Programa de Rehabilitación Singular. A este respecto, las comunidades de vecinos que cuenten con convenios suscritos con la Junta y no se hayan ejecutado todavía las obras, podrán acogerse a la financiación del plan para este año con un presupuesto de 8 millones de euros.
Finalmente, la nueva planificación prevé también medidas para la conservación del parque público residencial autonómico, compuesto por más de 84.000 viviendas. El objetivo es garantizar unas condiciones dignas y adecuadas de los inmuebles con incentivos de rehabilitación y conservación, mejora de la eficiencia energética y accesibilidad.
Lucha contra los desahucios
El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales y de las asociaciones profesionales, vecinales y de personas consumidoras. El documento fija como finalidad prioritaria el impulso de medidas destinadas a impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos y evitar así el riesgo de exclusión social para las personas afectadas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 3,6 de cada 1.000 familias en Andalucía se ven obligadas a abandonar sus viviendas como fruto de una ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, frente a los 4,4 casos que se registran en el conjunto del país.
Entre las iniciativas a poner en marcha destaca el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un nuevo programa que entrará en funcionamiento en septiembre de manera gratuita para la ciudadanía y que se adapta a la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
El sistema pretende convertirse en un instrumento de apoyo a las familias afectadas y prestará información, atención y orientación para la defensa de sus intereses incluso con la intermediación con las entidades financieras para evitar la ejecución hipotecaria. Enfocado desde una perspectiva integral, aportará los recursos que ofrecen las distintas consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia. En este sentido, se trabaja ya en un protocolo de coordinación de la administración autonómica.
A la lucha contra los desahucios se suman otras herramientas impulsadas por la Junta como el anteproyecto de Ley de Tanteo y Retracto, en tramitación actualmente, que permitirá ejercer al Gobierno andaluz el derecho de compra preferente de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias facilitando mediante un alquiler social la permanencia de las familias en sus casas, o un acuerdo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la coordinación de acciones conjuntas en la materia. (Fuente: JA).
El Plan, que cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria, contará con una aportación autonómica de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles. A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que expira este año. La Junta prevé, no obstante, que se mantenga la financiación adicional procedente del Gobierno central, hasta alcanzar los 183,57 millones en el horizonte de 2020.
La nueva planificación, la primera que se elabora en el marco de la Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, se configura como el instrumento para coordinar las políticas sociales en esta en materia y para fomentar la actividad económica y la generación de empleo en el sector de la construcción, muy castigado por la crisis.
El plan aboga por el fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, al resultar el modelo más demandado en el 70% de los casos y el que mejor se adapta a la realidad socioeconómica actual. En este sentido, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones con una inversión de 58,53 millones. La mayor parte, hasta 50 millones, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40% de la renta del alquiler. La convocatoria de 2016, abierta para la presentación de solicitudes hasta el 5 de agosto, cuenta con una dotación de 16,3 millones.
Del mismo modo, se destinarán ocho millones para ayudas a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que fomenten el alquiler asequible para familias desfavorecidas. Igualmente se incentivará la intermediación de agentes colaboradores con respecto a la bolsa de viviendas vacías y edificios deshabitados existente en el mercado. En esta línea se incluye el reciente acuerdo firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB,) que permitirá a la Junta gestionar 400 viviendas vacías y en desuso.
En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan pretende facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad más sostenible con actuaciones que beneficiarán a más de 96.000 personas en materia de eficiencia energética, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial. El 51% del parque residencial andaluz tiene más de 35 años de antigüedad.
Este ámbito, dotado con 228 millones, se divide en tres grandes líneas de ayudas. La primera, a la rehabilitación residencial, incluye la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas con una población estimada de 95.000 personas. La Junta publicará en breve una nueva convocatoria con 16,07 millones de euros para comunidades de propietarios para este año. Por otro lado, se incentivarán, con 5 millones de euros, obras de mejorar de la seguridad y adecuación funcional de viviendas donde residan personas mayores o con discapacidad.
En la línea de eliminación de infravivienda se concederán ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad a instancia de los residentes y en colaboración con los ayuntamientos, con una previsión de favorecer a casi 4.000 personas.
Para rehabilitación urbana se prevén 18 millones de euros en intervenciones integrales y de regeneración de espacios públicos degradados o con graves problemas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida a cerca de 20.000 personas. Igualmente, se recoge una dotación de 37 millones para la adecuación y rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano y patrimonial hasta 2020.
El plan incluye el cumplimiento de los compromisos adquiridos en planes anteriores, como las actuaciones para la instalación de ascensores acogidos al Programa de Rehabilitación Singular. A este respecto, las comunidades de vecinos que cuenten con convenios suscritos con la Junta y no se hayan ejecutado todavía las obras, podrán acogerse a la financiación del plan para este año con un presupuesto de 8 millones de euros.
Finalmente, la nueva planificación prevé también medidas para la conservación del parque público residencial autonómico, compuesto por más de 84.000 viviendas. El objetivo es garantizar unas condiciones dignas y adecuadas de los inmuebles con incentivos de rehabilitación y conservación, mejora de la eficiencia energética y accesibilidad.
Lucha contra los desahucios
El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales y de las asociaciones profesionales, vecinales y de personas consumidoras. El documento fija como finalidad prioritaria el impulso de medidas destinadas a impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos y evitar así el riesgo de exclusión social para las personas afectadas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 3,6 de cada 1.000 familias en Andalucía se ven obligadas a abandonar sus viviendas como fruto de una ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, frente a los 4,4 casos que se registran en el conjunto del país.
Entre las iniciativas a poner en marcha destaca el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un nuevo programa que entrará en funcionamiento en septiembre de manera gratuita para la ciudadanía y que se adapta a la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.
El sistema pretende convertirse en un instrumento de apoyo a las familias afectadas y prestará información, atención y orientación para la defensa de sus intereses incluso con la intermediación con las entidades financieras para evitar la ejecución hipotecaria. Enfocado desde una perspectiva integral, aportará los recursos que ofrecen las distintas consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia. En este sentido, se trabaja ya en un protocolo de coordinación de la administración autonómica.
A la lucha contra los desahucios se suman otras herramientas impulsadas por la Junta como el anteproyecto de Ley de Tanteo y Retracto, en tramitación actualmente, que permitirá ejercer al Gobierno andaluz el derecho de compra preferente de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias facilitando mediante un alquiler social la permanencia de las familias en sus casas, o un acuerdo de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la coordinación de acciones conjuntas en la materia. (Fuente: JA).
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