Los vecinos de la comunidad M.A.-3.1 de Sevilla Este entregarán este viernes en la Plaza Nueva, sobre las 10,15 horas, una serie de cartas de forma individual dirigidas al concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), al que instan que se lleve a cabo una reducción de las rentas de arrendamiento en la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, "adaptándolas a la situación económica actual". Además, realizarán un ingreso de 250 euros, montante que es el que aseguran que pueden asumir en estos momentos, como compromiso de su "intención de pagar".
En este sentido, el presidente de la intercomunidad de vecinos de esta zona, Francisco José Parra ya explicó a Europa Press el pasado mes que el día 2 de mayo se remitió un escrito en términos similares al equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido, firmado por estos vecinos de casi un centenar de viviendas en Sevilla Este, en la que se detallaba la "delicada situación" por la que pasan.
Así, señala que el coste ronda los 425 euros de alquiler, más la comunidad, lo que provoca que haya familias que "siempre han sido buenas pagadoras y que ahora no puedan afrontar ese gasto porque no les queda casi para comer". "Queremos pagar, pero es necesario que el alquiler se adapte a las especiales circunstancias de hoy", insiste, Parra, recordando que se trata de viviendas de protección oficial.
El escrito muestra su preocupación por la "ausencia de una respuesta satisfactoria" a la solicitud interpuesta por los vecinos en demanda del establecimiento de una "renta justa y sostenible", posición que fue "ratificada por el PP en la sesión de Pleno celebrada en mayo con su voto en contra de la enmienda número 33 en el primer punto, presentada por Izquierda Unida".
"RENTA JUSTA Y SOSTENIBLE"
"No adaptar la cuantía del alquiler a la nueva situación socioeconómica y detener, sin medidas complementarias, los desahucios a partir de la moratoria vigente constituyen una invitación a la irresponsabilidad y al impago. Cualquier deuda generada hoy será impagable en el futuro si se analiza la evolución negativa del poder adquisitivo de los salarios, la precariedad y temporalidad de los empleos actuales, o la disminución de las prestaciones sociales", añade el documento.
A pesar de todo ello, para demostrar su "intención de seguir atendiendo los compromisos de pago" con Emvisesa, cada una de las personas afectadas que harán entrega de una carta en estos mismos términos a Vílchez abonarán 250 euros, "la renta que puedo pagar en estos momentos, entretanto atienden mi petición de que se realice un estudio riguroso de ingresos y el establecimiento de una renta que no supere el 30 por ciento de ingresos de la unidad familiar".
MISMAS CONDICIONES QUE BOLSA DE VIVIENDAS
Asimismo, piden que se aplique las mismas condiciones previstas para la bolsa de viviendas en régimen de alquiler provenientes de las que "han estado en venta y siguen desocupadas en la actualidad", recordando que "esta última iniciativa sí fue apoyada con los votos del PP en el Pleno".
Por último, aclara que no se apoyará a "ningún vecino interesado exclusivamente en no abonar cualquier cantidad establecida o que se pueda establecer en concepto de alquiler", pues ello "no tiene relación con los intereses que defiendo en esta carta ni con la responsabilidad necesaria en la construcción de un nuevo acuerdo contractual, al que aspiramos".
Una parte de los vecinos ya han sido requeridos telefónicamente por Emvisesa para que entreguen documentación acreditativa de ingresos y, según fuentes solventes de dicha empresa, la dirección está en disposición de estudiar la reducción solicitada aunque no explicitan qué criterios utilizarán ni cual podría ser la cuantía final del alquiler.
AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EMVISESA
EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO ZOIDO ALVAREZ
Los abajo firmantes, en calidad de adjudicatarios de VPO en
régimen de alquiler con opción a compra sita en c/ Prof. Faustino Gutiérrez
Alviz y Armario, 11 (M.A.-3.1) solicitan la convocatoria de un Consejo de
Administración a fin de que se acuerde aceptar la petición de reducción de la renta en base a las siguientes consideraciones:
La idea-fuerza de esta petición es que necesitamos y, por
tanto, aspiramos adaptar nuestro compromiso a las difíciles circunstancias
actuales a fin de poder seguir pagando la renta de alquiler, y que Emvisesa
pueda efectivamente cobrarla. No solicitamos una moratoria sino el
establecimiento de una renta asequible. ¿Por qué?
La temporalidad y precariedad en el empleo campa a sus
anchas en un mercado laboral desregulado y sin derechos como el actual, en el
que trabajadores y trabajadoras que tienen la “suerte” de tener un empleo aceptan
como un mal menor trabajar sin contrato o, a lo sumo, trabajar nueve horas y
cotizar cuatro, sin remuneración de las horas extras y fines de semana. Considerando
la evolución de los salarios y del IPC, la pérdida de poder adquisitivo de las
familias supera ya el 25% desde el inicio de la crisis-estafa, y a la reducción
de la prestación por desempleo y diversas ayudas -tanto en duración como en
cuantía- se une la factura de la luz que, sólo desde el año 2007, ha crecido un
60%, según Facua. Tampoco podemos olvidar el IVA actual (21%) que castiga en el
consumo especialmente a las rentas más bajas.
Detrás de los escalofriantes datos existe una situación
dramática: 1,8 millones de familias españolas donde todos sus miembros están en
paro; la tasa de paro es del 26% y alcanza ya a casi 6 millones de trabajadores
en España, de los que 3 millones padecen pobreza severa. Cada día se desahucian
en España a 500 familias. En Andalucía la tasa de paro es del 35% y la padecen
1,4 millones de andaluces. La mitad de estos desempleados no cobra ningún tipo
de prestación. En Sevilla capital teníamos a 91.398 desempleados registrados en
las oficinas del INEM a principios de marzo.
Este panorama desolador es la consecuencia de unas políticas
que, con la escusa de la baja competitividad de las empresas, imponen el
abaratamiento y precarización del empleo existente. La falta actual de
garantías de estabilidad laboral y salarial es, por tanto, una situación
sobrevenida de la que no somos ni nos sentimos responsables.
Esta promoción de vivienda pública no es ajena a esta
realidad, sino que es un reflejo fiel de la misma. Según un estudio realizado durante
el primer trimestre de 2013 entre los arrendatarios de la M.A.-3.1, la renta media
familiar es de 890 €, la renta per cápita de 373 € y, lo más revelador, la
participación de la renta de alquiler sobre el total de ingresos (esfuerzo) es
del 50%. Es importante considerar que sólo han participado de este estudio
arrendatarios que estaban al día tanto en el pago de la renta como del recibo
de comunidad, aproximadamente el 30%; ello significa que si hubiésemos
incorporado a todos aquellos que arrastraban deudas, el resultado final
relacionado con el esfuerzo de las familias podría ser sensiblemente superior.
Entendemos que en momentos de emergencia social como el
actual, Emvisesa no debería mantener precios en la renta de alquiler propios de
época de bonanza, pues con ello no contribuye precisamente a facilitar el
acceso a una vivienda digna y adecuada aplicando criterios de rentabilidad
social, fuera de las reglas del mercado.
Somos conscientes del esfuerzo que está haciendo Emvisesa
desde su Área de Gestión facilitando fórmulas de pago flexibles de las rentas
atrasadas, ya anunciadas en noviembre de 2012; sin embargo, creemos que no
resulta ser una solución puesto que quien no puede abonar cada mes la actual
renta difícilmente estará en condiciones de añadir a ésta ningún atraso, aunque
sea parcialmente. El resultado es que la propia empresa, Emvisesa, reconocía en
un informe publicado ese mismo mes que en esos momentos existía un porcentaje
de rotación en las VPO del 30%, lo que significa que de cada 100 familias que
accedían a una promoción unas 30 aproximadamente acababan saliendo por razones
económicas –de motu propio o por
orden de alzamiento-.
El alto nivel de rotación así como el elevado número de
viviendas protegidas desocupadas son indicadores que señalan la falta de
adecuación de las políticas públicas de vivienda a la actual demanda existente.
FUNDAMENTOS DE
DERECHO
El Art. 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación”
El
Artículo 2.1 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía dice: “Son
titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada las personas físicas con
vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía en las
condiciones establecidas en esta Ley, sin que en el ejercicio de tal derecho
puedan sufrir discriminación de ningún tipo, debiendo favorecerse este
ejercicio en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”
El
Art. 6 párrafo 2º de esa misma Ley, sobre las modalidades para el acceso a una
vivienda protegida, establece lo siguiente: “En
dichos planes autonómicos se determinarán ayudas para garantizar que las
cantidades mensuales que hayan de satisfacerse por las unidades familiares no
superen la tercera parte de sus ingresos, si se trata de acceso a la vivienda
en régimen de propiedad, o la cuarta parte de los mismos si se trata de acceso
en régimen de alquiler”
El Art. 8 del Decreto 149/2006, de 25 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía establece que “la repercusión del coste del suelo,
incluidos los costes de las
obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15 por ciento del precio de venta de la vivienda protegida que sobre aquél se construyera”
El
Art. 16.1 del mismo Decreto dice: “La
renta máxima anual de las viviendas protegidas en arrendamiento será la que
determine el correspondiente programa del plan de vivienda”
CONCLUSIONES
Impulsar la reducción de la
cuantía de la renta significa en la práctica permitir la permanencia de los
vecinos en el espacio comunitario, puesto que facilita el compromiso de pago tanto
del alquiler como del recibo de comunidad; esta perspectiva
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