La Portavoz del Grupo de Diputados de IULV-CA, Engracia Rivera ha anunciado que este grupo en Diputación defenderá en el próximo Pleno una Moción Urgente solicitando
“Instar al Gobierno Central a asumir su responsabilidad y, por tanto, solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos tras las recientes sentencias judiciales que condenan a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses de demora a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores.”
El problema con el que se han encontrado los Ayuntamientos y que recoge dicha Moción viene dado porque los proveedores solicitan el abono de los intereses a los que renunciaron por entender que no se ajusta a derecho y vulnera directivas del Parlamento Europeo.
Ya hay varias sentencias que reconocen el derecho de los proveedores a cobrar un porcentaje de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado.
A partir de 2012 y a través de diferentes mecanismos conocidos como planes de pago a proveedores, el Gobierno de la Nación forzó a las administraciones públicas a contraer préstamos con el objetivo de reducir la elevada deuda comercial existente. Estos planes se articularon en diferentes fases reguladas por los Reales Decretos Leyes 4/2012, 4/2013 y 8/2013, incluyendo los dos primeros aquellos gastos anteriores al ejercicio 2012 y el tercero los gastos anteriores a 31 de marzo de 2013.
Fruto de estos mecanismos, las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas, si bien esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras, que tendrá graves consecuencias para los ayuntamientos si el Gobierno central no actúa con urgencia:
- Con la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozan de prioridad absoluta, con lo que a través de los planes de pago a proveedores el Gobierno central obligó a todas las corporaciones locales a transformar su deuda comercial, que no gozaba de prioridad en el pago, en deuda financiera.
- Como principal garantía del pago de esos préstamos los Ayuntamientos, por imposición de los citados reales decretos-leyes, tuvieron que poner los ingresos de la participación en los ingresos del Estado, de manera que su eventual impago supone retención directa sobre la PIE, que en la mayoría de los ayuntamientos es la principal vía de financiación de los gastos ordinarios.
- Los préstamos que se solicitaron al amparo de la primera fase fueron los más elevados, ya que comprendían facturas de un período mucho más extenso en el tiempo. Con respecto a esta fase hubo un primer periodo de carencia de 2 años que se prorrogó por otros 2, ya que muchos ayuntamientos, por lo elevado de los préstamos, no podían afrontar los pagos. Periodo de carencia que finaliza en 2016, fecha a partir de la cual las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago no sólo de los intereses sino también de la amortización del capital, elevándose de manera muy considerable la cantidad a pagar por los ayuntamientos y poniendo así en peligro su propia estabilidad y, por tanto, la prestación efectiva de los servicios públicos básicos que tienen atribuidos por Ley.
Por todo ello en la Moción se solicita la adopción de los siguientes acuerdos:
1) Exigir al Gobierno, una nueva moratoria de dos años, ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, evitando de esta forma que desde el próximo mes de agosto los Ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancia que pondría en peligro no sólo la estabilidad sino lo que es más grave, que los vecinos y las vecinas de nuestros pueblos no puedan recibir los servicios públicos a los que tienen derecho.
2) Instar al Gobierno Central a asumir su responsabilidad y, por tanto, solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos tras las recientes sentencias judiciales que condenan a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses de demora a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los reales decretos de planes de pago a proveedores. Es el Gobierno Central el que debe pagar esos intereses.
3) Dar traslado de la presente moción al presidente de la FEMP, al presidente de la FAMP, a la presidenta de la Junta de Andalucía, a los grupos del Parlamento de Andalucía, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al Presidente de Gobierno de la Nación.
Según declaraciones de La Portavoz del Grupo de Diputados de IULV-CA: “De no corregirse la situación, los Ayuntamientos de Sevilla, y de toda España, van a encontrarse con graves problemas de financiación, que repercutirán no sólo en su gestión, sino en los servicios que prestan a la ciudadanía.” “Los esfuerzos de ajuste y planificación realizados por los Ayuntamientos durante estos últimos años van a verse gravemente afectados, y no habrán servido para nada.”
Este hecho supondrá cambiar a posteriori las condiciones en virtud de las cuales las Corporaciones Locales se acogieron a los citados planes, ya que la rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los grandes logros anunciados a bombo y platillo por el Gobierno central. Los ayuntamientos (y otras administraciones públicas también), de esta forma tendrán que pagar los intereses dos veces, ya que por un lado se les está pagando a los bancos y por otro lado a los acreedores comerciales.
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