viernes, 31 de mayo de 2024

El Ayuntamiento de Coria del Río cumplió en tiempo y forma la sentencia del TSJA respecto a los suelos contaminados

* El consistorio notificó a los juzgados el 19 de abril pero los órganos judiciales no le dieron curso y no informaron a los vecinos.

En los últimos días, un error de la administración judicial hizo que se publicasen noticias erróneas, que en ningún caso son achacables al funcionamiento del Ayuntamiento de Coria del Río ni al trabajo que realizan los medios de comunicación social, sino al mal funcionamiento y tardío de la justicia. Esas noticias publicadas se deben a una diligencia de ordenación emitida el 21 de mayo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que obligaba al ayuntamiento a que “en el término de diez días, informe por escrito sobre las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo”.
Una diligencia que no debería haberse mandado, pues el consistorio coriano ya realizó ese trabajo el día de 19 de abril de 2024, es decir, dentro del plazo de ejecución voluntaria de la Sentencia del TSJA. Ese día, el ayuntamiento emitió a los órganos judiciales la Resolución n.º 1202/2024 de 17 de abril de 2024 dictada por Alcaldía por la que se acuerda llevar a debido efecto y practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la Sentencia n.º 1099, de 15 de noviembre de 2023 de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en consecuencia, continuar con la tramitación del procedimiento de suelo contaminado del inmueble sito en la calle Batán, n.º 85.
Tras este lamentable episodio, el alcalde de Coria del Río Modesto González ha manifestado su malestar: “los ciudadanos somos víctimas y sufridores a diario del mal funcionamiento de los Juzgados por la falta de entendimiento entre los supuestos dos grandes partidos de España para renovar el poder judicial, así como por la falta de cobertura de las bajas laborales por parte de la Junta de Andalucía, que se extiende a todos los órdenes jurisdiccionales. Por culpa de esa falta de medios personales y materiales que sufren los Juzgados andaluces, no se le dio curso al escrito presentado por el ayuntamiento hace más de un mes e hizo creer a los vecinos que no se había atendido, pidiendo éstos la ejecución se una sentencia, cuando ya estaba la misma presentada. Además, este error, que no es achacable a quien cumple la ley y las sentencias, fue remitido a los medios de comunicación, que se han visto afectados al publicar, de manera equívoca, una noticia que no responde a la realidad”.
El alcalde también ha indicado que la falta de comunicación de los organismos judiciales se ha dado con las dos partes: “ni nuestro escrito fue proveído a los vecinos, ni el de los vecinos a este Ayuntamiento, perjudicando al interés general y a la buena imagen de Coria del Río. Al menos el error es sólo de una notificación, no como en otros lamentables episodios que hemos visto de la justicia, que, repito, se dan por la falta de medios que derivan todos ellos por la falta de renovación del CGPJ, dotar de más plazas de personal, cubrir las vacantes y crear más juzgados, como recientemente aprobamos en una moción en el Pleno de Coria del Río"
Este era el único punto de la sentencia emitida por el TSJA en noviembre de 2023 en los que se daba la razón a los vecinos. Se trata de la tramitación de suelo contaminado, que ya tenía en marcha el ayuntamiento pero quedó paralizada al pasar a manos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el TSJA consideró que debía retomarse el expediente por parte de la administración local. En esa misma sentencia, el TSJA rechazó condenar al Ayuntamiento por el caso de los olores en la Barriada Guadalquivir. También desestimó otras medidas como la de declarar la existencia de una situación grave para la salud pública en la Barriada Guadalquivir, la solicitud de indemnizaciones económicas a los vecinos, inspeccionar todas las infraestructuras de la Red de Saneamiento Municipal, aprobar un programa de realojamiento para ubicar a dichos vecinos en nuevas viviendas, sancionar a los trabajadores que han intervenido en el proceso administrativo, constituir un comité de expertos que realicen un estudio epidemiológico sobre los vecinos, iniciar una investigación sobre la salud de los vecinos o asignar en el centro de salud un médico especialista en toxicología. (Foto: AYTO-CR).-

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