Un total de 1.023 empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) están colaborando de forma voluntaria en áreas de carácter sanitario, sociosanitario y de protección de colectivos vulnerables, acogiéndose a la disposición 18ª del Real Decreto-ley 11/2020, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
De estos voluntarios, destacan los 489 empleados y empleadas públicos destinados en Madrid, donde hay un mayor número de efectivos de la AGE, pero también hay voluntarios que trabajan en otros territorios, por ejemplo, 109 de Andalucía, 52 de la Comunitat Valenciana, 52 de Asturias, 48 de Castilla y León, 46 de Cataluña, 46 de Galicia y 42 de Aragón.
El personal que presta esta colaboración, como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, sigue percibiendo sus retribuciones íntegras en el organismo de origen, sin ver modificada su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración del estado de alarma.
La evolución de estos voluntarios ha sido importante durante el estado de alarma, el 17 de abril eran 406 y un mes después son 1.023, un 251% más.
Por departamentos ministeriales, los que registran más de 100 voluntarios entre su personal son los de Trabajo y Economía Social 195, Ciencia e Innovación 170, Hacienda 150 y Cultura y Deporte 100.
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